PAMPLONA, 6 de marzo. (EUROPA PRESS) – La Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha registrado una proposición para modificar la Ley Foral de Renta Garantizada. Esta iniciativa propone que dicha ayuda se perciba únicamente durante un máximo de tres años y de forma «progresiva»: el primer año al 100%, el segundo al 70% y el tercero al 50%. Además, se establece la obligación de que los beneficiarios estén en situación regular en el país, carezcan de antecedentes penales y rechazar una oferta de empleo llevaría a la retirada de la ayuda.
En una rueda de prensa, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha señalado que «siempre hemos demostrado nuestra solidaridad con las personas vulnerables» y ha enfatizado que estas prestaciones «deben estar orientadas a la inserción laboral». Según Ibarrola, las ayudas actuales «no están teniendo la efectividad para la que están orientadas», citando un informe de la Cámara de Comptos que destaca la falta de control efectivo en estas ayudas.
Requisitos para percibir la renta garantizada
La modificación propuesta establece que para acceder a la renta garantizada, se debe cumplir con ciertos requisitos, tales como: estar en el país en situación regular, carecer de antecedentes penales por delitos graves, y demostrar el conocimiento del idioma español o asistir a cursos de formación ofrecidos por las administraciones públicas. Además, se requerirá la escolarización de hijos menores y no rechazar un empleo, con excepciones en casos como ser mayor de 65 años, estar en edad escolar o tener alguna incapacidad.
Ibarrola también ha indicado que, anteriormente, el acompañamiento para la inserción laboral solo se ofrecía «a peticion del interesado», mientras que debería ser obligatorio desde el momento en que se empieza a percibir la renta garantizada. Ha solicitado al Gobierno de Navarra que «dote de recursos» al Servicio Navarro de Empleo para facilitar un adecuado acompañamiento y lograr que los perceptores puedan insertarse en el mercado laboral.
Limitaciones y objetivos de la propuesta
La proposición de UPN incluye una limitación temporal de tres años para la percepción de la renta garantizada, con un esquema de «progresividad» en las ayudas. Las excepciones a esta norma se contemplan para familias monoparentales lideradas por mujeres víctimas de violencia de género, así como aquellas situaciones en que los ingresos del núcleo familiar no superen 1,5 veces el IPREM, o en casos de enfermedad, discapacidad o dependencia.
«Nuestro objetivo es ayudar a quienes realmente lo necesitan, pero también evitar la cronificación del perceptor y corregir factores que desincentivan la búsqueda de empleo», ha declarado Ibarrola.
Finalmente, ha pedido la creación de un «servicio específico de inspección» que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos para percibir la ayuda y que pueda aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. Asimismo, se plantea fijar un límite máximo a las ayudas públicas que puede recibir una persona vulnerable al año de la aprobación de la modificación legislativa.
