La Ciudad Autónoma ha reforzado el control de las infracciones urbanísticas mediante un protocolo de actuación coordinado entre la Policía Local, la Consejería de Urbanismo y la empresa municipal Obimace, con el objetivo de detectar y actuar con rapidez ante obras que se ejecuten sin licencia.
El procedimiento permite intervenir especialmente cuando las actuaciones se encuentran todavía en fase de ejecución. Cuando la Policía Local detecta una obra irregular, traslada la información a Urbanismo, cuyos servicios técnicos elaboran el correspondiente informe y tramitan el decreto de demolición. Una vez dictado, Obimace puede intervenir con sus propios medios para ejecutar la demolición. Este sistema pretende reducir los tiempos de respuesta y evitar que las obras lleguen a consolidarse, situación en la que resulta necesario completar la tramitación del correspondiente expediente urbanístico antes de poder ejecutar la restitución de la legalidad.
El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha informado de que el procedimiento ya ha permitido realizar siete u ocho demoliciones en los últimos días, al tiempo que el Consejo de Gobierno ha acordado incrementar los medios destinados a estas actuaciones por parte de la Policía Local, Urbanismo y Obimace.
La iniciativa se enmarca en la intensificación de las labores de inspección y control urbanístico ante el incremento de actuaciones y denuncias relacionadas con obras ejecutadas sin la correspondiente autorización. Con este protocolo, la Ciudad busca que la respuesta ante las infracciones urbanísticas sea más rápida y coordinada, actuando desde el momento en que se detecta una obra irregular y dentro de las competencias de cada uno de los servicios implicados.
El compromiso de las autoridades locales brinda un entorno más seguro y regulado en el ámbito de la construcción, garantizando que todos los proyectos cumplen con la normativa vigente y que se toman acciones inmediatas ante cualquier irregularidad.
