El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha declarado que la Fundación Nacional Francisco Franco no cumple con la ley de memoria democrática, ya que «no persigue el interés general, por enaltecimiento del golpe de Estado y por, particularmente, la humillación de las víctimas». Estas afirmaciones fueron realizadas en una rueda de prensa en Barcelona el pasado viernes, después de que el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, comenzara el proceso preliminar para solicitar la ilegalización de la mencionada fundación ante la Justicia.
Urtasun enfatizó que existe un «sistemático menosprecio a las historias de las víctimas», subrayando que la fundación minimiza el sufrimiento y el dolor que padecieron. Añadió que en muchas ocasiones, «reescribe la historia responsabilizando a las víctimas de los hechos que ellas denuncian».
El ministro también aseguró que hay un expediente jurídicamente sólido que demuestra el incumplimiento de la ley por parte de la fundación y afirmó que el Ministerio será «estrictamente escrupuloso» en la obligación de todas las fundaciones de ajustarse a la ley de memoria democrática. «No puede haber fundaciones que tienen beneficios fiscales operando contrariamente a la ley de memoria democrática», sentenció.
Urtasun agradeció el trabajo minucioso realizado por los servicios del Ministerio, la Secretaría de Memoria Democrática y las asociaciones de víctimas, indicando que se ha elaborado un dossier de más de 1.000 páginas que acredita que la Fundación Franco, en sus actividades, «contraviene» la ley.
Tardar «lo menos posible»
El ministro explicó que han trasladado el acuerdo para la extinción a la Fundación Francisco Franco para que pueda presentar sus alegaciones, antes de remitir el expediente al juez. «Todo este proceso que falta no puede tardar más de nueve meses. Lo que intentaremos es que tarde lo menos posible. Estamos intentando acelerar todo lo que podemos para acabar con una anomalía democrática que se debería haber acabado hace 25 o 30 años», concluyó Urtasun.
