Bogotá (EFE). Las víctimas del juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) han presentado una denuncia penal contra el exmandatario, sus dos hijos, Tomás y Jerónimo Uribe, así como contra el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, por presunta calumnia, injuria, hostigamiento y amenazas.
El senador Iván Cepeda, contraparte de Uribe en el juicio en el que el exgobernante fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal, interpuso la denuncia debido a que las víctimas, supuestamente, han enfrentado una «sistemática campaña» de persecución y difamación tras conocerse la condena del exmandatario.
Cepeda acusó a Uribe, a sus hijos y al director del Centro Democrático de «la comisión presunta» de los delitos de «calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas».
“Esa campaña de difamación ha estado acompañada además de una acción que tiene que ver con una operación para vincularme (…) con las FARC”, añadió Cepeda.
En un comunicado, las víctimas señalaron que en redes sociales, declaraciones a medios y foros internacionales se han lanzado señalamientos «falaces» contra congresistas y abogados de la bancada, incluyendo acusaciones de vincular al senador Cepeda con las extintas FARC o con el narcotráfico.
“Estos señalamientos mendaces ponen en alto riesgo nuestra seguridad”, advertieron.
El juicio contra Álvaro Uribe en Colombia
Las víctimas subrayaron que la ofensiva mediática busca deslegitimar la decisión judicial contra el expresidente y afectar la credibilidad de quienes ejercen la representación de las víctimas en el caso.
Cepeda enfrentó en el llamado ‘juicio del siglo’ al expresidente Uribe, quien fue condenado a comienzos de agosto en primera instancia.
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En septiembre de 2014, cuando hice el debate sobre los nexos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico, él y su bancada anunciaron que me… pic.twitter.com/JMtACHxW1d
El exmandatario, líder y fundador del partido de derechas Centro Democrático, seguirá en libertad hasta que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva en segunda instancia la apelación presentada por su defensa.
Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado contra él por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Sin embargo, la Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.
Pese al fallo condenatorio, Uribe continúa participando activamente en la vida política colombiana.
