VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) – La Audiencia de Valladolid ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio por la denominada ‘trama eólica’, que se ha celebrado a lo largo de cuatro meses. Durante este periodo, se concedió a los once encausados el derecho a unas últimas palabras, derecho que ha sido ejercido únicamente por el principal encausado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, y su supuesto testaferro, el abogado Jesús Rodríguez Recio, quienes han demandado una sentencia absolutoria.
El resto de los ocupantes del banquillo decidieron guardar silencio o, en su mayoría, dar gracias al tribunal por el trato recibido. Por su parte, Delgado, quien fue el primero en tomar la palabra, se extendió en sus explicaciones para tratar de aclarar que no todos los parques eólicos fueron autorizados en la época investigada, a pesar de las acusaciones que surgen en torno a la supuesta exigencia de contar con un socio local. Argumentó que muchos de estos parques fueron validados sin tener en cuenta dicha exigencia, como lo corroboran diversas publicaciones en el BocyL.
Asimismo, mencionó que había más de 1.000 megavatios promocionados por socios locales cuando accedió al cargo de viceconsejero de Economía. Aclaró que las transmisiones patrimoniales de acciones investigadas fueron autorizadas por el entonces director de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, después de que él dejara su cargo en el departamento económico de la Junta. También adujo que, desde junio de 2007, trabajó en Madrid, donde radicaron sus dos sociedades inspeccionadas por la Agencia Tributaria.
“Tan solo agradecer el trato recibido y espero una sentencia absolutoria”, concluyó Delgado antes de que al estrado subiera Jesús Rodríguez Recio, quien reconoció haber experimentado una cierta «esquizofrenia» al compaginar el papel de acusado y ejercer su propia defensa.
UN «MARRÓN» CONVERTIDO EN UN «RETO»
El letrado acusado también se lamentó del “marrón” que actualmente enfrenta el tribunal al valorar la multitud de cuestiones jurídicas y hechos expuestos durante el juicio. Hizo un comentario humorístico antes de su retirada: “A diferencia de lo que hacen los presentadores de televisión al despedirse, en mi caso no quiero volver a verles a ustedes en esta sala jamás, siendo yo uno de los protagonistas».
Estas palabras fueron recogidas por el magistrado presidente de la sala, Ángel Santiago Martínez, quien expresó: “Intentaremos convertir ese marrón en todo un reto”. Además, agradeció la colaboración de todas las partes involucradas en el juicio y el apoyo recibido de sus compañeros de sala y funcionarios que participaron en el proceso, destacando que este ha sido “el juicio más largo” de su carrera.
Antes de concluir el juicio, se presentó el informe de conclusiones por parte del abogado de Parque Eólico La Boga S.L., que figura en la causa como responsable civil subsidiaria del pago de indemnizaciones por los perjuicios supuestamente sufridos por el empresario eólico José María Campos y su esposa, de Augusta Wind. La acusación pública exige al tribunal que se determinen en ejecución de sentencia indemnizaciones que ya se han cifrado en 184.300.000 euros, una cantidad calificada de “disparate” por el defensor.
El abogado solicitó a la Audiencia Provincial que desestimara tales pretensiones, invocando la prescripción y la falta de legitimación pasiva, y defendió que la suma de 7.200.000 euros, que el matrimonio acusador recibió el 4 de febrero de 2005 por la venta de sus acciones en Augusta Wind al grupo ACS, era un precio de mercado justo.
“El matrimonio recibió un precio de mercado por la venta de sus acciones; no fue un precio vil, miserable ni leonino”, subrayó el defensor, quien también rechazó que esa venta se realizara bajo presión de la Junta de Castilla y León. Además, recordó cómo el mismo día que el matrimonio vendió sus participaciones, pasó de socio minoritario a mayoritario al adquirir acciones de Nordex, lo que aumenta la complejidad de sus reclamaciones. El matrimonio Campos-Redondo invirtió únicamente 58.000 euros, en contraposición a los 184 millones de euros que ahora reclaman.
Una vez concluido el juicio, el destino de los once encausados está en manos del tribunal, cuya sentencia, probablemente extensa, no será pública hasta dentro de unos meses. Además, se espera que el fallo sea objeto de revisión por una instancia superior tras los recursos que se presenten.
Las penas solicitadas para los encausados suman en total 116 años de cárcel y multas por un total de 648 millones de euros por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. La mayor pena se solicita para Rafael Delgado, con 42 años de cárcel y una multa de 239 millones de euros. Le siguen Alberto Esgueva, con 12 años de cárcel y 68 millones de multa; Germán José Martín Giraldo, con la misma pena y 14,5 millones de multa; y Jesús Rodríguez Recio, con 10 años y medio y 25 millones de multa.
Los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente se enfrentan a seis años de prisión, con una multa solicitada de 45 millones cada uno, así como Andrés Martín de Paz, exdirector general de Deportes de la Junta, a quien se le piden 8 millones. Para María del Mar Moreno, expareja de Esgueva, se solicitan cuatro años y una multa de 215.000 euros.
El juicio por la ‘trama eólica’ comenzó el 15 de septiembre y investiga supuestas dádivas que ascenderían a más de 80 millones de euros durante el proceso de tramitación de parques eólicos entre 2004 y 2015. En este contexto, empresarios como Carlos Galdón de Avanzalia, José María Campos de Augusta Wind, y otros, denunciaron el chantaje por parte de Tomás Villanueva, entonces consejero de Economía, y de Rafael Delgado y Jesús Rodríguez Recio, para que cuatro dieran participación a empresarios locales elegidos por los encausados como una condición para que sus proyectos no fueran archivados.
