La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo, ha anunciado que el departamento impulsará la condonación de la deuda de las prestaciones para jóvenes extutelados que se habrían pagado indebidamente. Esta medida fue expuesta en su intervención en la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament, durante el examen del Informe de fiscalización 6/2025 sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo de la Conselleria de Derechos Sociales, correspondiente al ejercicio de 2022.
Condonación de deuda para ayudar a los más vulnerables
Mónica Martínez Bravo destacó que la Conselleria está estudiando las vías legales que permitirán esta condonación de deuda. «La condonación no es la solución, es la manera para que las consecuencias no las paguen los más vulnerables», afirmó. Esta medida se enmarca en la revisión de la prestación de extutelados que la Conselleria inició en junio de 2025, tras el traspaso de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) a la Dirección General de Prestaciones Sociales.
Causas de los pagos indebidos
Según la consellera, el principal motivo que ha generado estos pagos indebidos radica en el inicio de la actividad laboral de los jóvenes beneficiarios y la falta de agilidad en ajustar la cuantía de la prestación a las nuevas circunstancias. Esta situación de desajuste afectaría al 85% de los expedientes con posibles pagos indebidos.
Recuperación de pagos indebidos
Martínez Bravo explicó que los pagos indebidos no son una irregularidad, sino que son consecuencia de la ineficiencia administrativa para ajustar cuantías o suspender prestaciones. «Los pagos indebidos salen a la luz cuando las administraciones públicas tienen capacidad para detectarlos», añadió. Con respecto a los 167,56 millones de euros de pagos indebidos entre 2026 y 2024, la consellera considera que esta cantidad es «considerable», aunque representa el 1,6% del volumen total de las prestaciones en el ámbito social. Hasta la fecha, se han recuperado 70 millones de euros.
Auditorías y presupuestos para el futuro
Además, Martínez Bravo anunció que se ha encargado una primera auditoría y que se prevé una segunda para esclarecer todos los hechos. Confía en que en 2026 haya unos presupuestos con un refuerzo sustancial en el ámbito social.
Resultados tangibles de la transformación
La consellera también aseguró que la transformación que ha emprendido su departamento en la gestión de prestaciones y en la lucha contra los pagos indebidos ya está «dando resultados». Se refiere a un menor tiempo de espera, más solicitudes resueltas y una gestión más eficiente. Aunque el informe de la Sindicatura de Comptes se refiere al ejercicio 2022, Martínez Bravo defiende que las actuaciones emprendidas en los últimos meses están generando «resultados tangibles», como la gestión de prestaciones en base a datos y revisiones automáticas.
Intervenciones de los grupos parlamentarios
Durante la intervención de los grupos, la socialista Mónica Ríos destacó el compromiso del Govern para reducir los pagos indebidos y celebró las mejoras conseguidas. Por su parte, Maria Àngels Planas de Junts cuestionó sobre el control en la externalización del seguimiento de los casos. Joan Ignasi Elena, del partido republicano, defendió la necesidad de ayudas a personas vulnerables, mientras que Montserrat Berenguer del PP expresó la importancia de los mecanismos de seguimiento y supervisión, considerando que la cartera de servicios sociales está obsoleta. María Elisa García de Vox acusó al departamento de corrupción y solicitó la dimisión de la consellera, una demanda que también fue presentada por su compañero Javier Ramírez. Por último, Núria Lozano de los Comuns señaló que los errores administrativos no deben ser cargados sobre las familias, calificando esta situación de irresponsabilidad política.
