La investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, ha sido prorrogada hasta abril de 2026 por el juez Juan Carlos Peinado. Esta decisión se debe a que el magistrado tiene «numerosas diligencias pendientes de resolver».
Archivo – La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). – Eduardo Parra – Archivo
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La prórroga de seis meses comenzará a contar «a partir del 16 de octubre de 2025», lo que significa que podría extenderse hasta mediados de abril de 2026, cuando se cumplirán dos años desde la apertura de esta investigación.
En el auto del juez, se establece que la investigación a Gómez debe realizarse en el marco de una única pieza, a pesar de que los delitos mencionados están relacionados entre sí. Esto implica que no se debe desgranar el delito de malversación, como se acordó en marzo, ya que aún están pendientes de tomarse las resoluciones necesarias para adecuar las actuaciones.
Peinado destacó que está a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le informe sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) relacionados con el Máster de Transformación Social Competitiva, que Gómez co-dirigió, en relación con otros convenios de creación de cátedras extraordinarias.
Asimismo, el juez ha solicitado información sobre los repositorios facilitados por Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica, que han sido trasladados a la UCO. Además, espera que la Escuela de Gobierno de la UCM y Amazon EU le remitan los correos electrónicos emitidos y recibidos relacionados con los dominios del máster, para su posterior análisis por parte de los investigadores de la Guardia Civil.
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El juez también aguarda que la Presidencia del Gobierno le comunique la identidad de las personas que han ocupado el cargo de secretario general de la Presidencia desde el 11 de julio de 2018, así como la información sobre quienes han autorizado y ordenado el pago de retribuciones a Cristina Álvarez, así como copias de los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta de correo asignada a Gómez.
Además, está pendiente de resolver sobre las pruebas solicitadas en las comparecencias para informar a las partes que, en caso de avanzar a juicio, los cuatro investigados—Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín—serían juzgados por un jurado popular.
Peinado advirtió que «difícilmente pueden ser cumplimentadas dichas diligencias pendientes de practicar antes del 16 de octubre de 2025».
Esta investigación fue iniciada en abril de 2024 tras una denuncia presentada por Manos Limpias, en la que se acusaba a Gómez de aprovechar su relación con el presidente para recomendar a empresarios, como Barrabés, que participaban en licitaciones públicas.
Posteriormente, el juez ha abierto nuevas ramas de investigación a raíz de querellas presentadas por Hazte Oír y Vox por presuntas irregularidades en el registro del software de una cátedra de la UCM que dirigía Gómez, y por supuestas irregularidades en la contratación y actividad de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez.
Es importante señalar que Peinado se encuentra en su último año judicial, con jubilación prevista para septiembre de 2026, cuando cumplirá 72 años, el máximo permitido para ejercer.
