El mandato del Parlamento, elaborado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, propone cambios a las nuevas normas de la UE sobre prácticas profesionales con el objetivo de prevenir mejor las prácticas abusivas y de asegurar que los becarios cuenten con contratos que incluyan disposiciones claras sobre salario, duración y protección social.
Los diputados europeos aseguran que las prácticas deberían tener una duración limitada e incluir trabajos de nivel inicial. Los futuros becarios deben contar con un acuerdo por escrito que describa el salario, las tareas, los objetivos de aprendizaje y la duración de la práctica, además de tener acceso a protección social, como el seguro de salud. El Parlamento busca que todos los tipos de prácticas se incluyan bajo las nuevas normas, excepto aquellas prácticas obligatorias como parte de la educación para obtener créditos académicos y los programas de aprendizajes.
Un programa de prácticas que no esté remunerado conforme a la legislación nacional, carezca de un componente formativo o no cuente con un mentor o una evaluación, debería ser considerado una práctica abusiva, según los eurodiputados. Asimismo, solicitan que las organizaciones designen a una persona a la que los becarios puedan recurrir para obtener asesoría y apoyo en casos de sospecha de mala práctica.
La relatora, Alicia Homs Ginel (S&D, ES), afirmó: “Hoy el Parlamento Europeo envía una señal clara a millones de jóvenes europeos: las prácticas deben ofrecer derechos reales, una remuneración justa y condiciones laborales dignas. Estamos dando un paso decisivo hacia la garantía de que cada joven pueda comenzar su carrera con dignidad y seguridad. El Parlamento está ahora listo para trabajar en estrecha colaboración con el Consejo en un acuerdo que sea digno de la juventud de Europa”.
Ahora que tanto el Parlamento como el Consejo han adoptado su posición negociadora, pueden comenzar las negociaciones interinstitucionales para definir la forma final de las nuevas normas.
La propuesta de directiva sobre prácticas del Comisión Europea se presentó como respuesta a una solicitud del Parlamento Europeo en 2023 para establecer estándares mínimos de calidad en las prácticas, que incluyan normas sobre duración, remuneración y acceso a la protección social, de acuerdo con las leyes y prácticas nacionales.
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