El Gobierno de Navarra ha aprobado un informe de disconformidad respecto a la proposición de Ley Foral del grupo parlamentario de UPN, que busca establecer criterios para modificar las unidades educativas en la educación pública y concertada. Según el Ejecutivo foral, la implementación de la moratoria prevista en la propuesta podría incurrir en un incumplimiento de la normativa básica y vulnerar principios de eficiencia y economía en el uso de recursos públicos, ya que obligaría al Gobierno a mantener unidades concertadas sin necesidad de escolarización y sería contraria a la programación educativa para el curso 2026-2027.
El informe resalta que se estarían vulnerando los artículos 31.2 y 103.1 de la Constitución Española, que promueven la asignación equitativa de recursos públicos. Se menciona que el Tribunal Supremo ha defendido previamente la reducción de unidades concertadas en caso de disminución de la natalidad, siempre que haya plazas disponibles en otros centros, resaltando así la importancia de una adecuada programación educativa.
Con respecto al artículo 1.2 de la propuesta, el informe califica de «insólito» que un grupo parlamentario sugiera que el destinatario del concierto pueda proponer criterios obligatorios para la concesión del número de unidades concertadas, lo que podría comprometer el interés público.
El artículo 1.1 de la proposición menciona que el Departamento de Educación debe tener en cuenta criterios que garanticen la libertad familiar en la elección educativa. El informe sostiene que actualmente el 98,9% del alumnado ha obtenido plaza en su primera opción, lo que valida esta garantía.
Sin embargo, el Gobierno advierte que la propuesta introduce medidas contradictorias que podrían afectar significativamente la planificación educativa. Por un lado, se establece que se aplicarán inicios de año escolar con criterios de reducción de ratios en la enseñanza concertada, estableciendo un máximo de 23 alumnos por aula en educación infantil y primaria, y 28 en el primer curso de ESO. Por otro, la disposición transitoria única exige mantener las unidades públicas y concertadas para el curso 2026-2027, lo que podría imposibilitar incrementos de unidades que suelen derivarse de la reducción de ratios.
Así mismo, el informe subraya que esta contradicción impactará negativamente en el proceso de admisión del alumnado, ya que se prevé que la adjudicación definitiva en escuelas de educación infantil deba rehacerse, lo que podría generar incertidumbre para las familias. Si se reitera el proceso de admisión bajo condiciones de menor disponibilidad de plazas, podría haber un número total de afectados difícil de prever.
El informe resalta también que la ley obligaría a mantener las quince unidades concertadas propuestas para su supresión, lo que podría llevar a aulas con cero alumnos. Esto añade una capa de complicaciones sobre la planificación docente de centros públicos, que ya están por definir sus plantillas en función de la planificación educativa del departamento.
Problemas derivados de la aplicación de la ley
El informe enumera situaciones que podrían calificarse de «disparatadas» si se aplicara la proposición tal como está. En primer lugar, se menciona el potencial incremento de unidades en la educación infantil que resultaría necesario debido a la demanda, pero que no podría llevarse a cabo debido a la imposibilidad de aumentar unidades según la disposición transitoria.
La falta de diferenciación entre etapas educativas en la norma podría conllevar también a la suspensión de nuevas ofertas en formación profesional, valiendo la pena destacar que esto podría obligar al departamento educativo a no ofertar cursos de ciclos formativos nuevos para el alumnado en curso.
El impacto económico de la aplicación del artículo 2 podría resultar en la creación de aproximadamente 80 grupos, con un coste total cercano a 8 millones de euros. Además, recuperar 13 unidades netas no incluidas en el concierto para el curso 2026-2027 significaría un coste adicional de 1,3 millones de euros. Así, el coste total de la proposición ascendería a unos 9,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 5% sobre el presupuesto actual de educación concertada.
El informe concluye que la redacción de la proposición de Ley Foral presentada por UPN es «incoherente», generando incertidumbre en las unidades ya autoras por los próximos cuatro años en educación infantil y bachillerato, además de poner en riesgo la planificación educativa para el curso 2026-2027.
