LEÓN, 18 sep. (EUROPA PRESS) – Siete plataformas ecologistas han formalizado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad una denuncia contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por sus presuntos vínculos con el grupo empresarial que promueve un «polémico» macrovertedero de residuos en San Justo de la Vega, León.
Entre las entidades denunciantes se encuentran asociaciones como Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Indignados de Gestoso, y Plataforma para una gestión de residuos eficaz y sostenible. Estas organizaciones han documentado diversas «irregularidades» que consideran constitutivas de delito.
La mercantil Valorización Verde S.A. es la empresa beneficiada por este «proyecto de interés regional» en Castilla y León, que conlleva la declaración de utilidad pública. Según la Plataforma Gestión de Residuos, esto otorga diversas ventajas a la empresa, como el acortamiento de plazos y la reducción de exigencias y formalidades, «prescindiendo de trámites que son obligatorios para otros proyectos».
Sobre este asunto, se ha informado que la citada mercantil Valorización Verde es supuestamente controlada por la empresa Asturiana de Laminados S.A. (ASLA), en la que el hijo de Suárez-Quiñones «ostenta o ha ostentado cargos de alta dirección, según consta en documentos oficiales de la propia empresa». A pesar de lo anterior, el consejero no se abstuvo y concedió los permisos y la declaración de interés regional, según la denuncia.
Confusión entre intereses
Las entidades denunciantes han resaltado el «claro choque de intereses» que existe, sugiriendo que se ha podido dispensar un «trato de favor» mediante la concesión de autorizaciones firmadas por Suárez-Quiñones.
«En muchas decisiones políticas del consejero Suárez-Quiñones y del PP existe una clara confusión entre los intereses públicos y privados», manifestaron las entidades denunciantes, quienes añadieron que los hechos «demuestran que es un peligro para el medio ambiente» que el consejero continúe en el cargo. Esta afirmación, según han asegurado, «ha quedado patente con la desorganización, desaparición y desgobierno durante la respuesta a los incendios que ocurrieron bajo su gobierno el pasado mes de agosto».
Además, las plataformas ecologistas han alertado a la Fiscalía Anticorrupción sobre otros hechos en los que podría estar implicado el consejero en el Parque Natural de Babia y Luna, que «vulnerarían» lo establecido en el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León y podrían ser constitutivos de delito.
En este contexto, las entidades ambientales han llamado a «derribar el muro de la impunidad» en el que, según afirman, se encuentran instauradas las políticas ambientales de la Junta, y a fiscalizar colectivamente su actuación. Por último, han confiado en que la Fiscalía Anticorrupción «pueda llegar al fondo de este asunto».
