ALMERÍA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) – La entidad Almería Acoge se ha visto obligada este martes a cerrar las puertas de su sede ante la «avalancha de más de mil personas» que han acudido para obtener un certificado de vulnerabilidad que les permita acogerse al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes emprendido por el Gobierno. Ante esta situación, la ONG ha pedido auxilio para poder atender «de forma digna» a los solicitantes.
«Ayer hicimos 180 certificados sin problemas, pero esta mañana había más de mil personas», ha explicado el presidente de la entidad, Juan Miralles, quien ha indicado que han decidido cerrar «hasta nuevo aviso» las instalaciones de la calle Largo Caballero debido a la situación generada.
Miralles ha advertido sobre las dificultades que enfrentan quienes necesitan este certificado de vulnerabilidad para poder acceder a la regularización, ya que «no encuentran respuesta» suficiente por parte de los servicios sociales comunitarios y los ayuntamientos que expiden este documento. Este certificado es crucial para aquellos que carecen de un contrato o precontrato de trabajo o no pueden acreditar la unificación familiar con menores o mayores a su cargo.
Desde Almería Acoge han contactado con la Subdelegación de Gobierno para proponer «alternativas» que permitan atender «de manera digna» y «sin impacto negativo para el vecindario» a los usuarios, muchos de los cuales han dormido en la calle durante la última noche para guardar cola.
«Si hemos tenido mil personas es porque no hay suficientes organizaciones haciendo estos certificados y los ayuntamientos no están dando la respuesta que deberían», ha insistido Miralles, quien ha subrayado que algunos consistorios habrían rechazado expedir este tipo de certificados y han derivado, en su caso, a las entidades colaboradoras en el proceso.
En este sentido, ha opinado que, además de las instituciones que «tienen obligación» de emitir estos certificados, «haría falta que se arremangaran más organizaciones» sociales que, pese a disponer de medios, no han solicitado ser entidades colaboradoras. «Nos sentimos desbordados», ha añadido ante la decisión de dejar de ayudar en el proceso hasta que se llegue a una solución.
«Nosotros somos una asociación pequeña, lo hacemos por voluntad propia, por solidaridad, por cooperar con un proceso que creemos justo. Los ayuntamientos lo tienen que hacer por obligación legal», ha insistido Miralles, quien confía en una pronta respuesta del Ejecutivo para continuar con la labor.
El presidente de Almería Acoge ha recalcado que el certificado de vulnerabilidad sirve «exclusivamente para este proceso de regularización» sin que implique ningún otro tipo de informe social. «Es tan obvio y tan simple como reconocer que una persona que no tiene permiso de trabajo tiene dificultades de acceso al empleo, por ejemplo», ha añadido.
Así, ha rechazado algunas «malas interpretaciones» tanto sociales como políticas relacionadas con la generación de este documento. «Espero que haya más de incomprensión o de falta de leer con atención que lo otro», ha apuntado en relación a los discursos que rechazan esta acción emprendida por el Gobierno.
Almería Acoge, junto con la Federación Sur Acoge y otras organizaciones, han apoyado el proceso de regularización desde el principio, al considerar que es «básico» resolver «el drama de muchas familias, facilitar la inclusión y la cohesión, y mejorar el desarrollo social y económico de forma global.»
