ZARAGOZA, 14 de octubre de 2025 (EUROPA PRESS) – El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón está «cerrando» la firma de nuevos convenios de ayuda a domicilio para personas dependientes con las comarcas y los ayuntamientos. Este incremento de precios variará entre 20 y 21 euros por persona en comarcas con especial disposición a 25,7 y 26,7 euros. Así lo anunció este martes la consejera, Carmen Susín, durante su comparecencia en la Comisión de las Cortes de Aragón a propuesta de PSOE e IU.
En su intervención, Susín destacó que «Aragón ha dado pasos muy importantes en estos dos años para mejorar el sistema de atención a la dependencia» con «mejoras indiscutibles», aunque reconoció que «queda camino por recorrer». Mencionó que «la financiación está congelada por el Gobierno de España» y que las exigencias de los independentistas «ponen en riesgo» la asistencia en otras comunidades autónomas.
La consejera indicó que se ha dejado de «topar» el acceso de los ciudadanos a las solicitudes. El sistema reconoce el derecho a ser atendidos a 41.000 aragoneses, y solo 120 personas están en «el limbo de la dependencia», a la espera, posicionando a Aragón en niveles muy bajos de lista de espera de más de seis meses.
Durante el año 2022, se emitieron más de 900 resoluciones de atención a la dependencia y 4.158 en lo que va del año. Esto se debe a que se han puesto en marcha «medios y recursos para la valoración», lo que ha permitido superar el número de personas atendidas. Actualmente, hay 47.941 personas bajo atención, con más de 63.000 prestaciones en vigor, lo cual refiere un 10 % más que el año anterior, siendo el 40 % de prestaciones económicas en el hogar y aumentando las prestaciones de colaboración.
Respecto al programa individual de atención, se han registrado un 56 % de las personas dependientes, y el tiempo medio de resolución es de 152 días, 3 días menos que en agosto y «muy por debajo de la media nacional», subrayó la consejera. En septiembre de 2024 se alcanzaron las 4.900 solicitudes en lista de espera, y se ha reducido más de un 30 %, alcanzando «la cifra más baja desde marzo de 2022». Las personas que llevan más de seis meses de espera suman 704, con solo cuatro comunidades por debajo de la media nacional.
En cuanto a las prestaciones, «hay que seguir avanzando». La prestación para contar con un cuidador en casa «está teniendo buena acogida», con 690 familias inscritas en este programa. Hay 10.849 personas con prestación de teleasistencia y 10.342 tienen una prestación vinculada al servicio, además de más de 12.000 personas con prestaciones para una residencia.
Susín indicó que para aumentar las prestaciones o la teleasistencia «hacen falta presupuestos». Anunció que se pagará un 25 % más por las plazas en residencias y criticó que el Gobierno anterior había dejado las residencias comarcales «al borde de la quiebra».
«Tenemos buena relación con el ministro Bustinduy, que tiene congelada la financiación», agregó, además de enfatizar que el Gobierno de España, bajo el mando de Pedro Sánchez, ha creado «una brecha entre españoles», otorgando más financiación a Cataluña y País Vasco y presentando ayudas de «segunda» para el resto de comunidades autónomas.
Finalmente, pidió al Gobierno de España que implemente un grupo de trabajo para encontrar trabajadores para centros asistenciales y de ayuda a domicilio, con medidas en extranjería, educación y empleo. También defendió el nuevo modelo aragonés de las Casas del Mayor y la implementación de la prestación del cuidador profesional.
PRESTACIONES «DE BAJO COSTE»
La parlamentaria del PSOE, Pilimar Zamora, exigió que la plantilla sea «estable y dimensionada», afirmando que «el papel no garantiza que las personas tengan la prestación que necesitan». Criticó que las prioridades de Susín pasan por «las prestaciones de bajo coste», donde el 41 % son prestaciones de teleasistencia y el 28,2 % son asistencia en el hogar.
Zamora recordó que el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, anunció la subida del precio de la hora de asistencia en las comarcas. Indicó que no se destina «ni un solo euro» para el plan de mejoras de infraestructuras y reclamó mejoras en las condiciones laborales en los centros, señalando que el gasto público por persona dependiente es un 33 % menor que la media nacional.
Por su parte, el diputado de IU, Álvaro Sanz, subrayó que el sistema basado en prestaciones es «transitorio» hasta alcanzar un sistema público de cuidados, apuntando que el sistema aragonés se fundamenta en prestaciones económicas, que representan «la medida estrella» del Gobierno de Aragón, cubriendo un 56,04 % del total del gasto.
Preguntó sobre la cuantía media para las cuidadoras profesionales, mencionando que dicha ayuda se encuentra entre 30 y 50 euros por debajo de la media nacional. Sanz lamentó que esto «no es valorizar la profesión de los cuidados», asegurando que el sistema actual es «disfuncional» y que la ayuda a domicilio «es escasa» en comparación con la media nacional.
«CAMBIO DE TENDENCIA»
La diputada del PP, Silvia Casas, intervino afirmando que cuando el PP llegó al Gobierno, el sistema de atención a la dependencia «estaba casi en colapso». Ahora, según sus palabras, hay «un cambio de tendencia», con «el presupuesto más alto de la historia y más prestaciones que nunca en el menor tiempo posible». Destacó que «los datos son positivos» y elogió la agilización de los procedimientos realizados por el Departamento.
Desde el grupo parlamentario de Vox, David Arranz subrayó que la atención a la dependencia «no es una cuestión estadística, sino vidas y personas». Rechazó las políticas del «bipartidismo» pero reconoció los avances en esta legislatura. Advirtió que «va a haber mucha más demanda», con decenas de miles de expedientes activos, más de 60.000 en septiembre de 2025, exigiendo una estructura que evite acumulaciones y retrasos.
La diputada de CHA, Isabel Lasobras, afirmó que el sistema de servicios sociales necesita «una transformación y un refuerzo» desde una perspectiva «constructiva y profesional». Propono conectar la plataforma de la dependencia con Atención Primaria para evitar la dispersión de datos y garantizar que los informes médicos sean incorporados a los expedientes de solicitud. Además, alertó sobre «la privatización encubierta».
Finalmente, la representante de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, subrayó que «los datos no pueden ocultar la realidad de personas individuales con sus necesidades». Apeló a «lograr avances», a mejorar la capacidad en la prestación de este servicio y a «realizar un debate sereno» sobre la situación. Mencionó, por ejemplo, el servicio de comida a domicilio en Cuencas Mineras, que la comarca bonifica y que merece la atención de las áreas de Servicios Sociales.
