El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado importantes avances en la gestión de Bienestar Social, destacando que se ha logrado reducir el tiempo de espera para acceder a ayudas a la dependencia desde 26 meses a 14 meses. En dos años y medio de legislatura, el ritmo de incorporaciones mensuales al sistema ha crecido más de un 200%, lo que proporciona un alivio significativo a muchas familias en la región.
Este jueves, Clavijo firmó nuevos convenios de Dependencia con los representantes de los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, que representan una inversión total de 1.630 millones de euros para todo el archipiélago en un periodo de cuatro años, de los cuales 726 millones serán destinados a las tres islas mencionadas entre 2025 y 2028.
Durante el acto, el presidente Clavijo subrayó que estos convenios permitirán avanzar en la mejora del servicio alcanzada durante su legislatura. Además, apuntó que el archipiélago ha conseguido reducir el tiempo de espera para obtener la ayuda a la dependencia, lo que refleja la “firme compromiso” del Gobierno con la atención a las personas más vulnerables.
En 2025, Canarias logró resolver el reconocimiento de la ayuda a la dependencia en un tiempo medio de 14 meses, según datos del registro oficial del IMSERSO, en comparación con los 26 meses que se requerían al inicio de la legislatura. Asimismo, a 31 de diciembre de 2025, el Sistema de Dependencia contará con 68.259 personas con derecho reconocido, un aumento de 23.753 personas respecto a las 44.506 registradas en julio de 2023. Este crecimiento ha sido notable, dado que en toda la legislatura anterior se incorporaron únicamente 13.000 personas. Actualmente, la media de incorporaciones mensuales asciende a 848, lo que representa un incremento del 213% en contraste con la legislatura anterior, en la que la media era de 271 personas al mes.
Además, un total de 65.832 personas tienen una ayuda concedida, un aumento respecto a las 38.957 del inicio de la presente legislatura, lo que significa un incremento de 26.875 personas, equivalente a un 68,99% más.
Fernando Clavijo considera estos datos esperanzadores y señala que reflejan un esfuerzo constante, con un punto de inflexión logrado tras la aprobación del nuevo decreto que regula el sistema monofásico de valoración. Asimismo, destacó que estos nuevos convenios revalidan el compromiso del Gobierno con las personas vulnerables mediante acuerdos interinstitucionales.
Cooperación institucional
Clavijo, acompañado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, firmó los acuerdos también con los presidentes de los cabildos de Gran Canaria, Antonio Morales; de Fuerteventura, Lola García; y el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña. Morales destacó la importancia de estos convenios para mejorar la respuesta de las instituciones a las personas que más lo necesitan, afirmando que se está dando un paso significativo para garantizar plazas y su financiación durante los próximos cuatro años.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura resaltó que el acuerdo con el Gobierno de Canarias “da un espaldarazo” a su compromiso de mejora en la atención a quienes más lo requieren. Consideró vital la colaboración entre el Ejecutivo autonómico, los cabildos y los ayuntamientos para abordar necesidades sociales desde la “cogobernanza”.
Por otro lado, el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote destacó la importancia de estos nuevos convenios para reforzar la labor institucional con las personas más vulnerables, resaltando la necesidad de coordinación institucional con la ciudadanía en el centro de la gestión social.
Costes actualizados
Los convenios firmados este jueves, junto a los que se rubricarán el viernes con los cabildos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, destinarán más de 1.630 millones de euros en cuatro años, desde el 1 de enero de 2025, con carácter retroactivo hasta 2028, para cubrir los costes de servicios dirigidos a personas con dependencia o discapacidad.
Específicamente, de esta cantidad, 726 millones se destinarán a garantizar recursos para 4.955 plazas asistenciales, tanto residenciales como diurnas, en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, además de otros servicios claves para mejorar la calidad del sistema de dependencia.
Los acuerdos financian la gestión de plazas en centros de día y residenciales, así como otros servicios como la Prestación de Asistencia Personal. También incluyen la posibilidad de aumentos automáticos basados en parámetros como el IPC y la inclusión de financiamiento para nuevas plazas a través de adendas.
La financiación para Gran Canaria ascenderá a 615.280.614,03 euros, con el 70,48% asumido por la Comunidad Autónoma y el resto por el cabildo insular, para financiar servicios y 4.328 plazas totales, de las cuales 722 serán de nueva creación en 2025.
En Fuerteventura, el importe total del convenio será de 35.730.311,81 euros, asumiendo el 74,12% el Ejecutivo autonómico y el 25,88% el Cabildo, para financiar 308 plazas totales, de las cuales 31 serán nuevas en 2025.
Por último, en Lanzarote, el importe total del convenio contempla una inversión de 75.714.745 euros, con un aporte del Cabildo del 30,39% para 647 plazas totales (328 diurnas y 319 residenciales).
Mejoras en la legislatura
El Gobierno de Canarias sostiene que estos nuevos convenios fortalecerán y mejorarán los avances en Dependencia que reflejan los datos oficiales. A finales de 2025, 2.427 personas tienen un grado reconocido, pero no cuentan con un PIA (Programa Individual de Atención), lo que significa que tienen derecho a recibir una prestación, aunque no haya sido concedida administrativamente. Desde la entrada en vigor del decreto, el número de personas en esta situación se ha reducido a menos de la mitad. Según datos del IMSERSO, la cifra se ha disminuido en un 67,54%, lo que equivale a 5.051 personas.
Este “limbo” fue consecuencia de la incorporación al sistema de más de 8.000 solicitudes no registradas al inicio de la legislatura. El intenso trabajo de este equipo no solo ha absorbido las nuevas incorporaciones, sino también las obligaciones del anterior gobierno.
Aún queda un obstáculo por resolver: el de las personas con prestación concedida que no han podido hacerla efectiva por razones no imputables a la administración, que a fecha 31 de diciembre suma 17.130 personas. Para abordar esta situación, el Gobierno de Canarias ha sacado a licitación el servicio de ayuda a domicilio especializada y está preparando un nuevo Plan de Infraestructuras para dotar a Canarias de nuevas plazas residenciales y atender la demanda existente.
