SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 de octubre de 2025 (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Canarias ha exigido este lunes al Ejecutivo central un plan de choque que incluya más fondos, personal y medios técnicos para agilizar la derivación de los menores migrantes que se encuentran en las islas, ya que el hacinamiento en los centros continúa y el ritmo de salidas es «insuficiente».
El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, alertó que la situación está «empeorando», tanto entre los solicitantes de asilo como en los menores que deben ser derivados en virtud de la reforma de la ley de extranjería. En este sentido, anunció que el Gobierno canario reforzará el área de Bienestar Social con 24 nuevos trabajadores, que se suman a los 39 de una primera tanda, y cuatro más que la Consejería de Presidencia y Justicia ha habilitado para la Fiscalía Superior de Canarias para gestionar los expedientes de tramitación de edad.
Estos nuevos profesionales se incorporan tras el encargo realizado a la empresa pública Gestur, que es un medio propio del Gobierno, para dar respuesta a las necesidades derivadas de la aplicación del Real Decreto 658/2025, que se activó tras la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria.
Los 24 nuevos profesionales se distribuirán en ambas provincias e integrarán equipos de trabajo compuestos por 10 trabajadores sociales, 10 administrativos y 4 juristas. Este refuerzo de personal se suma a las 39 personas que se integraron el septiembre pasado, bajo un contrato programa para abordar asuntos relacionados con la infancia, quienes han estado gestionando todos los expedientes de los menores migrantes hasta la fecha.
Con este nuevo personal, se garantiza la defensa, promoción y protección efectiva de los derechos de los menores en Canarias, fortaleciendo y modernizando el sistema público de atención a la infancia y la adolescencia. Esto también redundará en la mejora de la atención a menores y a sus familias, permitiendo así reducir las cargas de trabajo de los profesionales.
Cabello mencionó que el Gobierno canario «moviliza todos los recursos económicos, humanos y materiales para priorizar y tramitar expedientes», y exige al Estado que también «haga lo mismo». «Hacemos todo lo posible y el Estado no está cumpliendo», enfatizó. Aseguró que su Ejecutivo tiene «conciencia tranquila», ya que ha informado al Tribunal Supremo de todos los pasos realizados, añadiendo que «poco más se puede exigir» a una comunidad autónoma cuya situación es «desesperada» y con algunos centros que albergan a más de 300 menores.
Cabello lamentó que el Gobierno central «engaño sistemáticamente» a las islas, lo cual provoca que «el grueso de los menores cumpla 18 años sin haber visto reconocidos sus derechos». En relación a los menores bajo el artículo 35 de la ley de extranjería, comentó que desde el 29 de agosto solo se han producido tres de 41 derivaciones, y que tres ya han alcanzado la mayoría de edad, permaneciendo en el archipiélago un total de 4.700 menores.
El portavoz también hizo hincapié en que Canarias está dispuesta a seguir asumiendo una cuota solidaria, pero del actual ritmo de derivaciones, solamente tres menores han logrado salir, lo que plantea serias dudas. En cuanto a los solicitantes de asilo, hasta la fecha solo se han trasladado a la Península 182 de ellos, 21 más que la semana anterior.
Según sus estimaciones, al ritmo actual se podría tardar 13 meses y dos semanas en cumplir con el mandato del Tribunal Supremo, ya que aún hay 764 menores pendientes de ser derivados, a los que se suman otros 400 nuevos desde junio, que totalizan, según cálculos, 1.164 solicitantes de asilo.
