LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 de mayo. (EUROPA PRESS) – La empresa Cementos Especiales de las Islas (CEISA) ha anunciado que el Tribunal de Instancia Nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido «suspender toda» actuación administrativa o material relacionada con la retirada o demolición de las instalaciones del Puerto de Santa Águeda, en el sur de Gran Canaria, que actualmente son explotadas por CEISA. Esta suspensión se mantendrá hasta que haya una sentencia firme en el procedimiento judicial que se encuentra en curso.
El tribunal, según un comunicado de CEISA, indica que «no existe aún una resolución firme» y ha otorgado la medida cautelar solicitada por la empresa, paralizando así cualquier acción de retirada o demolición. El auto judicial señala que la resolución de Puertos Canarios «no tuvo en cuenta el fallo judicial de julio de 2025, que dictaba la nulidad y retroacción» de las actuaciones relacionadas.
Asimismo, se destaca que el tribunal advierte que «la ejecución material de la demolición antes de que exista un pronunciamiento judicial firme produciría daños irreversibles», afectando «de forma definitiva a la controversia aún pendiente» de sentencia. La resolución también recuerda que la demolición podría generar «perjuicios de imposible o muy difícil reparación», y que una eventual sentencia favorable «perdería su funcionalidad si las instalaciones ya hubieran sido destruidas».
En relación con esto, se mencionan expresamente precedentes del Tribunal Supremo, que advierte que la demolición «supone una destrucción de riqueza que puede resultar injustificada» si, al final, el recurso pendiente es estimado. Por esta razón, se recomienda evitar cualquier acción irreversible hasta que haya una sentencia firme, dado que no existe una urgencia de interés público que lo justifique.
El coordinador general de CEISA, Claudio Piernavieja, expresó su satisfacción por esta resolución judicial, ya que «respaldan» la postura de la empresa y «protegen la continuidad operativa de CEISA en el Puerto de Santa Águeda». Además, destaca que el tribunal actúa «con máxima prudencia al suspender» cualquier demolición, «evitando así daños materiales irreversibles y una destrucción injustificada de riqueza antes de existir una sentencia firme». Según Piernavieja, esta decisión «aporta tranquilidad» a los trabajadores y «garantiza la continuidad de una industria estratégica para Canarias».
