El 20 de abril de 2023, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, expresó su preocupación por la situación de las personas inmigrantes que hacen largas filas a las puertas del Ayuntamiento para obtener información sobre la regularización extraordinaria impuesta por el Gobierno de España. Chueca sostuvo que estos ciudadanos «no se merecen este trato» y solicitó una respuesta más clara y rápida por parte del Gobierno.
Aclaró que ya existe un mecanismo de comunicación establecido con el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, y destacó la importancia de coordinarse para ofrecer la mejor atención posible durante eventos que requieren colaboración.
Sin embargo, la alcaldesa indicó que ni siquiera han recibido información tres días después de la entrada en vigor del decreto, que ocurrió el pasado 16 de abril. «Estamos viendo una repetición de la situación caótica de la semana pasada, con filas de personas solicitando información», lamentó.
Preocupaciones sobre la Seguridad Jurídica
Chueca argumentó que la tardía comunicación del Gobierno, que llegó a través de la FEMP el viernes por la tarde, no proporciona las garantías necesarias. «No hay seguridad jurídica para que los funcionarios puedan determinar si una persona es vulnerable o no», dijo, criticando el caos generado por el decreto.
«Es incomprensible que el delegado del Gobierno en Aragón no haya tenido tiempo para informarme. Cientos de personas vienen al Ayuntamiento preguntando por los requisitos y criterios necesarios para el informe de vulnerabilidad», señaló.
Vinculación al Empleo
La alcaldesa manifestó que si se va a implementar una regulación extraordinaria, debería basarse en el empleo en lugar de limitarse a la vulnerabilidad. Según Chueca, «es necesario que se ofrezcan criterios objetivos» que guíen el proceso y faciliten el trabajo de los funcionarios municipales.
Chueca anunció planes para solicitar información sobre las dudas que han surgido entre los técnicos municipales al revisar el decreto, advirtiendo que la falta de claridad provoca una situación muy compleja.
Con respecto a la presión sobre los servicios sociales, argumentó que la regulación también podría resultar en una saturación de estos servicios, si son ellos quienes deben realizar los informes de vulnerabilidad. «Si se trasladan competencias, también necesitamos recursos adecuados para atender estas solicitudes», enfatizó.
Para facilitar la gestión, se han establecido dos filas en la puerta del Ayuntamiento: una para trámites habituales y otra exclusiva para inmigrantes en busca de información sobre la regularización extraordinaria.
Creación de Oficinas e Informe Crítico
Por su parte, la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, subrayó la necesidad de clarificar los términos del decreto y solicitar la habilitación de una oficina de información. «No podemos proporcionar información que no tenemos; necesitamos que alguien del ministerio explique el decreto», exigió.
Orós también advirtió que no se pueden emitir informes de vulnerabilidad sin un marco objetivo. «No debemos convertirnos en cooperadores necesarios en una regularización apresurada, sin una planificación adecuada ni una memoria económica», subrayó, recordando un informe del Consejo de Estado que critica la falta de planes claros.
«Es esencial que el Ayuntamiento cumpla con la ley, pero necesitamos que se aclaren los roles y que la Delegación del Gobierno o el ministerio den instrucciones precisas», concluyó Orós, quien también expresó su frustración ante la confusión y desinformación generadas por el decreto.
