VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) – Una concentración en València ha reclamado este miércoles la aprobación del decreto ómnibus del ‘escudo social’, que incluye la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables, porque «no hacerlo es un ataque a la clase trabajadora».
Así lo han aseverado los portavoces de EntreBarris, PAH València y Sindicat d’Habitatge de València, entidades convocantes de la protesta, después de que ayer en el Congreso no se aprobara, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, el decreto que también incluía la revalorización de las pensiones para 2026, entre otras cuestiones.
Durante la concentración, que tuvo lugar frente a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, se escucharon consignas como ‘Que no pot ser, ni gent sense casa ni casa sense gent’, ‘Basta ya, ni un desahucio más’, ‘Hay niños en la calle y no le importa a nadie’, ‘Vergüenza me daría desahuciar a una familia’ y ‘Polítics i rendistes sou els terroristes’, entre otras.
Asimismo, los asistentes llevaron carteles con mensajes como ‘Habitatge universal gratuït i de qualitat’, que reclama una vivienda universal gratuita y de calidad, y ‘Lluitem per a defendre el futur dels nostres fills i nets’, que subraya la lucha por el futuro de las próximas generaciones.
Pablo, representante de EntreBarris, criticó a PP, Vox y Junts por la caída del decreto, considerándolo un «bloqueo», un «ataque directo y consciente a las clases populares». Ha resaltado la necesidad de «soluciones estructurales, desde los barrios» y ha abogado por «desmercantilizar la vivienda para garantizar un hogar digno» y «el acceso de todos a una vivienda para erradicar la desigualdad».
Por su parte, José Luis González, de PAH València, manifestó que este rechazo «atenta contra el hecho de tener un hogar y una pensión». «No tener un hogar, no tener un territorio digno en el que vivir, es un ataque bestial», aseguró, añadiendo que «esta lucha será larga, pero vamos a estar unidos y juntos».
Desde el Sindicat d’Habitatge de València, Julia declaró que la no aprobación del decreto es un «ataque directo y muy breve contra la clase trabajadora». Señaló que «más de 60.000 familias quedan desde hoy en riesgo de ser expulsadas inmediatamente y eso es responsabilidad directa de los partidos parlamentarios».
Además, abogó por la «detención total de todos los desahucios» y la protección de aquellos que no pueden pagar ni alquiler ni hipoteca, así como los que carecen de alternativas habitacionales. «No es justo que una persona que tenga tres o cuatro casas tenga más derecho a echar a alguien a la calle», enfatizó.
PENSIONISTAS: «A NOSOTROS TAMBIÉN NOS DESAHUCIAN»
Por otra parte, el colectivo Iaioflautas expresó su decepción y preocupación: «Nosotros, los pensionistas, estamos preocupados por esta situación porque llevamos desde 2014 con un 15 por ciento de pérdida de nivel de vida».
Señalaron que «mucha gente no puede pagar el alquiler y es desahuciada de sus casas. Tenemos que luchar para que la gente no sea desahuciada, para que el escudo social se lleve a cabo y que las pensiones se revaloricen». Además, remarcaron que «la imagen de que los pensionistas ganamos dinero es mentira».
