VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) – La Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves a la Consejería de Economía y Hacienda a enviar un requerimiento previo a un procedimiento judicial para instar al Gobierno central a que cuantifique la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2023. Según los datos aportados por el Gobierno autonómico, dicha cuantificación ascendería a 315.000.000,00 euros.
Principio de lealtad institucional
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado que esta autorización, aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno, está basada en «el principio de lealtad institucional». «Formularemos este requerimiento que es previo a la vía judicial que presentaremos en su caso, con el objetivo de garantizar para la Comunidad los fondos que nos corresponden», ha señalado el consejero.
Costes derivados de las regulaciones nacionales
Fernández Carriedo ha defendido que dicho principio implica que «la Administración que regula y establece criterios debe ser la que asuma los gastos derivados». «Se trata de huir de aquel principio del ‘yo invito y tú pagas’, que las comunidades autónomas sufrimos con frecuencia cuando regulaciones de ámbito nacional acaban generando costes autonómicos sin compensación alguna», ha añadido.
Reclamación y confianza en el diálogo
El consejero ha explicado que la liquidación del sistema de financiación se produce siempre con dos años de diferencia, por lo que «es ahora, en 2025, cuando procede esta reclamación a los efectos previos de la vía judicial». No obstante, ha expresado su confianza en alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo central antes de tener que acudir a los tribunales.
Esperanza de evitar el conflicto
Fernández Carriedo ha insistido en que «esperamos no tener que llegar a la vía judicial y que se garantice este principio básico de que quien regula paga, huyendo, en definitiva, del principio de ‘yo invito y tú pagas'».
