ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) –
La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su supuesta implicación en contrataciones irregulares relacionadas con la investigación judicial del caso ‘Mascarillas’. Las detenciones fueron confirmadas por fuentes de la investigación, las cuales detallaron que los arrestos fueron realizados por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.
Tanto Giménez como Sánchez ya se encontraban bajo investigación por la posible existencia de ‘mordidas’ en la contratación de suministros de material sanitario durante la fase más aguda de la pandemia, incluyendo mascarillas, guantes y equipos de protección individual (EPI).
Registros en el Palacio Provincial
Los agentes accedieron al Palacio Provincial a primera hora del martes, alrededor de las 8:00 horas, para llevar a cabo un registro exhaustivo en los despachos de Presidencia y los ordenadores, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la instructora María Belén López. Esta orden solicitaba la entrega de expedientes relacionados con las contrataciones. Se espera que a lo largo del día también se realicen registros en domicilios particulares.
La investigación persigue aclarar la posibilidad del cobro de comisiones ilegales a través de un contrato para el suministro de material sanitario por valor total de 2.036.186,24 euros, adjudicado por procedimiento de urgencia en abril de 2020. Hasta el momento, el costo efectivamente pagado al proveedor no superó el millón de euros, lo que genera indicios de posibles ‘mordidas’.
En el contexto de esta investigación judicial, el partido socialista (PSOE) solicitó el pasado mes de octubre a la jueza instructora que citase a declarar como testigo al presidente de la Diputación, al advertir una «falta de concordancia» entre las declaraciones de testigos e investigados, conforme a los informes de las investigaciones policiales.
Caso abierto en junio de 2021
Este caso, que hasta la fecha mantiene a 14 personas y siete empresas bajo la mirada de la justicia, surgió en junio de 2021, cuando la UCO llevó a cabo un registro en las oficinas del Área de Fomento. En aquel entonces, el exdiputado provincial Óscar Liria estaba a cargo de este departamento, por lo que fue arrestado y permaneció varios meses en prisión preventiva.
Durante el registro, las autoridades recopilaron el expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica, así como otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador, Kilian L.S., también es objeto de investigación por su vinculación con Liria, así como por su función como nexo entre la Diputación y la empresa proveedora.
El contrato en cuestión preveía la compra de 500.000 mascarillas y otros elementos de protección por medio de un decreto firmado el 8 de abril de 2020, y tuvo un importe superior a dos millones de euros, siendo esta transacción gestionada a través de Presidencia. Liria fue quien propuso a Azor para formalizar dicho contrato.
