El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha denunciado en la Asamblea Regional de Murcia que la última planificación del río Tajo «ha consolidado un trato desigual» en la fijación de caudales ecológicos, lo que podría «perjudicar la viabilidad futura del trasvase Tajo-Segura».
Un trasvase en crisis
Durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase, Jiménez expuso que el trasvase «se ha empantanado en los tribunales» y que el recorte previsto para 2027 se ha estancado debido a la necesidad de modificar la ley que regula el trasvase, lo que ha requerido, según afirmó, «una nueva ley o una convalidación del real decreto-ley en el Congreso».
Publicidad de un trato desigual
El representante del Scrats sostuvo que «se ha producido un trato desigual a la hora de establecer caudales ecológicos en prácticamente todas las cuencas de España», exceptuando el alto Tajo y ciertos puntos donde se han visto perjudicados los intereses del trasvase Tajo-Segura. Según sus estudios, se han mantenido o rebajado los caudales ecológicos de las anteriores planificaciones tras negociaciones con los regantes, salvo en los tramos directamente afectados por el trasvase.
Decisiones políticas y efectos en la cuenca del Segura
Jiménez caracterizó esta situación como un resultado de un planteamiento político con el objetivo de recortar el trasvase Tajo-Segura. Afirmó que «cuando se ha hecho todo bien, el río no se ha visto afectado», y enfatizó que el Levante ha permanecido tranquilo.
Sin embargo, advirtió que las decisiones recientes han dejado «en suspenso inversiones comprometidas» y han anticipado efectos de recorte, generando una «vulnerabilidad hídrica máxima» en la cuenca del Segura, obligando al Levante a depender de medidas no ejecutadas en su debido tiempo.
Reacciones de los grupos parlamentarios
El diputado socialista Fernando Moreno expresó su agradecimiento por la comparecencia de Jiménez y aseguró que su formación ha buscado garantizar el agua para el futuro mediante un mix hídrico que combina trasvase, reutilización y desalación. Además, cuestionó al Partido Popular por un supuesto «boicot» en la interconexión de la desaladora de Torrevieja con Murcia, anunciando una iniciativa para reclamar una moratoria en el cierre de pozos sobreexplotados.
Por otro lado, Antonio Martínez de Vox destacó la importancia del trasvase para el Levante español y criticó las restricciones actuales como parte de una «estrategia ideológica» apoyada en un «ecologismo radical». Además, anunció que se registrará un seguimiento de las promesas incumplidas en depuración, modernización y desalación.
Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos valoró los datos presentados por Jiménez, subrayando que el trasvase ha impactado en toda la sociedad. Solicitó que se considere el impacto ambiental, especialmente la contaminación del Mar Menor y la necesidad de cumplir con las exigencias europeas sobre caudales ecológicos.
Finalmente, Jesús Cano del PP advirtió que «han corrido malos tiempos para el trasvase» debido a decisiones ideológicas y sectarias que amenazan la continuidad del trasvase Tajo-Segura, acusando al Gobierno central de jugar con el agua que ha transformado tierras en zonas productivas y sostiene miles de empleos en la Región de Murcia. Cano reafirmó el apoyo del PP a las reivindicaciones del Scrats, destacando el compromiso del partido en defensa del trasvase.
