MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) – Estados Unidos ya contempla abiertamente la designación de los dos cárteles de la droga más grandes de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (el Comando Rojo), como organizaciones terroristas, según ha avanzado el fiscal especial Lincoln Gakiya y confirmado a Bloomberg fuentes de la Administración norteamericana.
Gakiya, fiscal de la Gaeco (la unidad especial contra el crimen organizado del estado de Sao Paulo), ha indicado que Washington comenzaría en primer lugar por el PCC, la organización criminal más grande del país, nacida en la prisión paulista de Taubaté, antes de extender probablemente la designación al Comando Vermelho, la organización criminal de Río de Janeiro, objetivo de una sangrienta redada policial a principios de mes que se saldó con más de 120 muertos.
Según Gakiya, «desde el momento en que Estados Unidos realiza esta clasificación, entiende que se trata de organizaciones que representan un riesgo para la soberanía estadounidense» y añadió que esta determinación estará relacionada con las operaciones que el Ejército estadounidense está ejecutando, en medio de críticas de ONG por su brutalidad, «en la región del Caribe, en Venezuela y en otras partes del mundo».
Un alto funcionario estadounidense, que solicitó el anonimato al tratarse de información clasificada, ha confirmado que es probable que el Gobierno de Trump aplique la designación a ambos grupos, pero aún no ha tomado una decisión definitiva. En este contexto, el Departamento de Estado norteamericano no ha hecho comentarios.
A principios de este año, Estados Unidos designó a varios cárteles de la droga, incluyendo el Tren de Aragua de Venezuela y la MS-13 de El Salvador, como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida amplía la capacidad de Washington para imponer sanciones, compartir información de inteligencia y desplegar recursos adicionales. «El Tren de Aragua es menos poderoso que el PCC en cuanto a número de miembros y recursos financieros», afirmó Gakiya.
La postura del Gobierno brasileño, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido rechazar las anteriores peticiones de la Administración Trump para catalogar a las organizaciones criminales brasileñas como terroristas, argumentando que su motivación es el dinero y no la ideología. Actualmente, el Congreso de Brasil debate un proyecto de ley que propone clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas, lo que ejerce presión sobre el presidente.
Gakiya ha criticado la propuesta brasileña, indicando que no tendría repercusiones en las decisiones de Estados Unidos y que contribuiría poco a los esfuerzos de Brasil para investigar y desmantelar los grupos criminales. A su juicio, «la medida no logra atacar sus redes financieras ni proporciona las herramientas de aplicación de la ley necesarias para frenar sus operaciones». En cambio, propuso que estos grupos deberían clasificarse como organizaciones de tipo mafioso en Brasil, ya que sus acciones se rigen por el afán de lucro y no por motivos religiosos, políticos o étnicos.
En cuanto a la situación en Río, el debate sobre cómo combatir a los narcotraficantes se ha intensificado tras una brutal represión policial que tuvo lugar el 28 de octubre, supervisada por el gobernador derechista del estado de Río, Claudio Castro. La operación tenía como objetivo a los líderes del Comando Vermelho, el cual ha extendido su dominio desde las favelas a amplias zonas de Brasil en los últimos años, resultando en tiroteos con la policía y un alto número de muertos.
A pesar del apoyo de algunos funcionarios electos y encuestas de opinión pública a la acción policial, Gakiya ha declarado que considera la redada un fracaso y que «es inaceptable que haya muertos, incluso en una zona dominada por el crimen organizado». Además, contrastó los enfrentamientos en Río con la Operación ‘Carbono Oculto’, la mayor operación contra el crimen organizado en Brasil, que logró desarticular una red de lavado de dinero vinculada al PCC, sin causar muertes y recuperando al menos 52.000 millones de reales (aproximadamente 9.500 millones de euros). Gakiya concluyó: «Necesitamos planificar estas incursiones cuidadosamente para evitar cualquier pérdida de vidas. Nuestro objetivo debe ser recuperar y reconquistar estos territorios».
