La designación del Clan del Golfo como organización terrorista extranjera por parte del Gobierno de EE.UU. ocurre en un momento de alta tensión diplomática con Colombia, mientras el Ejecutivo de Gustavo Petro mantiene acercamientos con este grupo armado para una negociación de paz. A continuación, se presentan las claves sobre el Clan del Golfo y las implicaciones de la decisión de Washington.
¿Qué es el Clan del Golfo?
El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es la mayor organización criminal del país, con cerca de 9.000 integrantes. Esta banda sucedió en los negocios de narcotráfico y extorsión a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006.
Durante más de una década, el grupo estuvo controlado por los hermanos Juan de Dios y Dairo Antonio Úsuga, alias Giovanni y Otoniel. Este último fue capturado en 2021, extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión tras admitir el envío de casi 97 toneladas de cocaína a ese país.
Alcance territorial
El Clan del Golfo, también conocido como Los Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, fue nombrado así por el Gobierno colombiano en 2014, en referencia a la región del golfo de Urabá, que se encuentra entre los departamentos de Antioquia y Chocó, en la frontera con Panamá.
En treinta años, la banda se ha expandido hacia la costa Caribe, la frontera con Venezuela y zonas del Pacífico, que son corredores estratégicos para la salida de cocaína al exterior. Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el Clan del Golfo tiene presencia en 302 de los aproximadamente 1.100 municipios de Colombia.
A nivel internacional, controla rutas de tráfico de drogas y migrantes en la frontera colombo-panameña y ha subcontratado redes criminales en Panamá para el almacenamiento y envío de estupefacientes.
Diálogos de paz
El Gobierno de Petro inició en septiembre de 2022 conversaciones con el Clan del Golfo en Doha, con el acompañamiento y apoyo internacional de Catar, España, Noruega y Suiza. No se trata de un proceso de paz clásico, sino de un diálogo socio-jurídico orientado al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento de las economías ilegales del grupo, en el marco de la política de ‘paz total’ del Ejecutivo.
En una primera fase, las partes acordaron un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios de Antioquia y Chocó, que posteriormente fue ampliado a otros diez en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar. Aunque el proceso ha avanzado, aún carece de un marco jurídico a causa de las diferencias sobre los alcances del sometimiento y la resistencia del grupo a aceptar una subordinación plena a la justicia.
El rótulo de grupo terrorista
Desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia, Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a varios cárteles y bandas criminales de América Latina. El Clan del Golfo se sumó a esa lista, convirtiéndose en el cuarto grupo armado colombiano incluido, junto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC), dos disidencias de las antiguas FARC.
La inclusión del Clan del Golfo en esta lista equipara legalmente a la organización con grupos como el Tren de Aragua o el Cártel de Sinaloa, y conlleva la congelación de activos, sanciones financieras y la posibilidad de procesar penalmente a quienes apoyen directa o indirectamente al grupo.
Esta decisión coincide con un deterioro de las relaciones entre Colombia y EE.UU., marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental, como parte de una campaña antidrogas que ha llevado al hundimiento de al menos 26 lanchas supuestamente cargadas con drogas y a la muerte de aproximadamente 90 tripulantes.
