SEVILLA, 16 de octubre. (EUROPA PRESS) – El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha comenzado una investigación de oficio tras darse a conocer las «graves disfunciones» en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Esta institución ha expresado su «consternación» y «honda preocupación» por la situación, asegurando que su objetivo es «contribuir a esclarecer las causas, el alcance sanitario y los posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este programa preventivo».
Una investigación histórica
Es la primera vez en 30 años de funcionamiento del programa que se inicia una investigación de carácter general, no restringida a casos individuales, habiendo solo un total de cinco en los últimos años. Jesús Maeztu ha señalado que «concurren razones suficientes por la alarma social generada, el reconocimiento público de las deficiencias y la necesidad de reparación justa de los posibles daños sufridos».
Testimonios como detonante
La comunicación del Defensor se realizó a través de una nota de prensa en la que se destaca que el «detonante» han sido los testimonios de mujeres afectadas y las manifestaciones públicas de la asociación Amama, junto con la «confirmación» de responsables de la Consejería de Salud de que, «al menos», 2.000 mujeres con resultados «no concluyentes» desconocían su situación, ya que no se les había trasladado la información obtenida en sus mamografías de cribado.
Compromiso por la reparación
En sus declaraciones, Maeztu ha afirmado que «me voy a empeñar en el tiempo que me queda» en recuperar derechos que han sido «lesionados» y en reparar «daños dolorosos». «Si no abriera esta investigación, me estaría absteniendo de tanto dolor», agregó, enfatizando que probablemente este representa «el caso más abultado de intervención» que ha asumido la Defensoría en su historia.
Necesidad de recuperar la confianza
Jesús Maeztu ha defendido con vehemencia la importancia de «recuperar la confianza en el programa» de cribado del cáncer de mama. Para ello, confía en que la investigación, solicitada urgentemente la semana pasada al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Consejería de Sanidad, ayudará a «poner luz» sobre los fallos que «gracias a Dios» se han desvelado.
El programa de detección precoz
Recordemos que el cribado de cáncer de mama, activo desde 1995, realiza cada año alrededor de 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años. Su objetivo es detectar lesiones en fases iniciales para mejorar el pronóstico, reducir la mortalidad y evitar intervenciones mutilantes. Sin embargo, Maeztu advierte que «lo ahora conocido pone en entredicho el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz, ofreciendo información y respuesta sanitaria en tiempo y forma».
Situación grave y derechos vulnerados
Se califica de «especialmente grave» que las mujeres con hallazgos catalogados como lesiones «dudosas» o no concluyentes «no hayan sido informadas, ni citadas para completar el estudio o realizar seguimiento evolutivo». Esta situación «podría comprometer el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa sanitaria vigente sobre información clínica», apostilla el Defensor.
Derechos garantizados por la ley
El Defensor del Pueblo subraya que el derecho de las pacientes a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica está garantizado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente. La falta de comunicación no solo vulnera derechos, sino que también puede resultar en «una pérdida de oportunidad asistencial y generar daños evitables».
Solicitudes de información
El Defensor ha solicitado a la Consejería de Salud y al SAS «información precisa» en tres bloques, además de un cuarto punto que consiste en conocer el resultado de la investigación y la auditoría. En primer lugar, se requiere aclarar las razones que han llevado a no comunicar ciertos resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.
Se pregunta si esta práctica obedece a un protocolo, instrucciones internas o criterios distintos; si se aplica en todo el sistema sanitario público o solo en algunos centros, y cuántas mujeres se han visto afectadas, tanto en número como en porcentaje, ya sea por falsos positivos o resultados no comunicables.
En segundo lugar, se requieren datos sobre la atención prestada a mujeres que obtuvieron resultados dudosos o no concluyentes. El Defensor quiere descubrir la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico de hospitales públicos andaluces, los tiempos de respuesta, el número de profesionales que integran estos servicios y cuántas mujeres aún están pendientes de completar su estudio diagnóstico.
El tercer bloque de información está relacionado con la gestión y evaluación del Programa de Detección Precoz. La institución desea saber si existen mecanismos establecidos para revisar sus resultados y procedimientos, la periodicidad aplicada desde 2022, las actualizaciones y mejoras introducidas.
Finalmente, el Defensor también solicitó acceso a los informes de evaluación disponibles desde ese año y los indicadores básicos y complementarios registrados. Asimismo, se interesa por la actividad desarrollada por la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz, preguntando si cuenta con una planificación en marcha o si necesita desarrollo normativo para ejercer sus funciones.
Compromiso de objetividad
El Defensor aseguró que actuará «desde la independencia y la objetividad» que establece su marco estatutario, con el propósito de propiciar un análisis neutral, llegar a conclusiones fidedignas y favorecer decisiones justas que protejan los derechos de las mujeres afectadas y prevengan la repetición de hechos similares.
