Marc Pons, el exjefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, ha testificado en la Audiencia Nacional que se reunió cuatro o cinco veces con el exasesor ministerial Koldo García, aunque no para tratar asuntos relacionados con la presunta trama de hidrocarburos. Así lo han indicado fuentes jurídicas este miércoles, que también han señalado que Pons mantuvo una reunión con Ribera, Koldo y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Asimismo, según las mismas fuentes, Pons declaró ante el magistrado Santiago Pedraz que tuvo un encuentro con Koldo después de que este le pidiera 15 segundos para verse, pero ha precisado que en dicha reunión tampoco se abordó la licencia de operador de hidrocarburos solicitada por Villafuel, que es el centro de la supuesta trama. En uno de los últimos informes presentados en la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogía una conversación en la que Koldo pedía a Pons una reunión.
“Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud”, escribió Koldo a Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de haberle enviado una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel. En dicho informe también se incluyó una imagen que Koldo había reenviado a Pons en febrero de 2021, que contenía los datos de registro de la documentación respecto al expediente de Villafuel.
NINGÚN TRATO DE FAVOR
El exjefe de gabinete y diputado del PSOE en el Parlamento de Baleares ha expresado que recuerda que el envío de la foto fue posterior a su encuentro; sin embargo, ha afirmado que no tuvo participación alguna en la tramitación de la licencia de hidrocarburos ni recibió ninguna dádiva. En este sentido, Pons ha reiterado que Villafuel no obtuvo ningún trato de favor por parte de ningún ministerio, y ha donado que la concesión se resolvió en 2022 por vía ordinaria, más de un año después de las presuntas presiones, según fuente jurídicas.
Las mismas fuentes han indicado que Pons también ha documentado que no estaba en su puesto de trabajo en el Ministerio cuando Villafuel presentó la primera solicitud. Además, ya había cesado en su cargo cuando se tramitó la segunda solicitud y cuando se resolvió este expediente por vía ordinaria, entre julio y septiembre de 2022.
DECLARACIONES PENDIENTES
Por otro lado, el empresario investigado Claudio Rivas, socio del empresario Víctor de Aldama, ambos identificados por la UCO como presuntos cabecillas de la trama, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que otros imputados hayan comparecido. Esta mañana estaba previsto que declarase como testigo Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, quien no pudo asistir por motivos logísticos, según fuentes jurídicas. Su declaración será pospuesta a otro día.
Se anticipa que el juez escuche mañana, a partir de las 10:00 horas, a Aldama, en calidad de investigado, y también se prevé que el viernes se escuche a la empresaria Carmen Pano, quien afirma haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y a su hija, Leonor González. Además, Pedraz escuchará como testigos este jueves a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y a Manuel Salles, administrador de una empresa, y el viernes a Álvaro Gallego, quien podría estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los investigadores.
INFLUENCIA EN VARIOS MINISTERIOS
La UCO apuntó en el último informe presentado en la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría logrado infiltrarse en la cúspide del Ministerio de Transportes bajo la dirección de Ábalos, sino también en los de Industria, Comercio y Turismo y la Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces bajo la responsabilidad de Maroto y Ribera, respectivamente.
Se considera que esta infiltración se realizó a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, a pesar de incumplir los requisitos legalmente exigidos”, todo ello a cambio de una contraprestación económica.
Asimismo, los agentes señalaron que Aldama y Rivas “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras” y que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el presunto conseguidor, el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García. La UCO identificó que la trama habría formado “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba mediante una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.
“De forma paralela, esta organización criminal disponía de otra estructura formada por mercantiles destinadas a perfeccionar operativas orientadas al blanqueo de los capitales provenientes de las actividades ilícitas descritas”, detalló el informe. La UCO establece que las presuntas operaciones delictivas comenzaron en 2020, cuando se solicitó a Aldama “que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes”, con el fin de que Villafuel obtuviese la licencia de operadora.
