SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) – La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha descartado vincular inmigración y delincuencia, defendiendo la ‘seriedad’ de la institución. En declaraciones realizadas durante su presentación de la memoria anual correspondiente a 2024 en la comisión parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, ha afirmado que “hoy por hoy no tenemos ningún dato” que justifique esa relación.
Farnés Martínez se pronunció así en respuesta a las críticas recibidas la semana pasada por Samuel Vázquez, presidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI y portavoz nacional de seguridad de Vox. Este cuestionó la veracidad de los datos aportados por la Fiscalía, sugiriendo que se estaban ocultando conexiones entre la inmigración “desbordada y prolongada en el tiempo” y un aumento de la criminalidad violenta.
La Fiscal Superior reconoció que, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, las agresiones sexuales han aumentado un 200% en Canarias entre 2017 y 2024, tendencia que se alinea con lo observado en otras comunidades autónomas. Aclaró que este fenómeno se atribuye a la unificación de categorías de delitos sexuales a partir de 2022, lo que ha redundado en una presentación diferente de las estadísticas.
“En estas estadísticas anteriores se computaba por un lado la agresión sexual con penetración, por otro lado los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, donde estaban incluidos los abusos sexuales con penetración, y por otro lado el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual”, explicó. Además, apuntó que no se puede determinar qué porcentaje de estos delitos ha sido cometido por inmigrantes en situación irregular.
Asimismo, apuntó que en gran medida, la inmigración irregular en Canarias está compuesta por menores migrantes no acompañados, ya que los adultos generalmente son trasladados a la Península en un plazo de 15 días a un mes tras su llegada.
Farnés Martínez también destacó la importancia de aumentar las inspecciones en los centros de menores migrantes. Según la normativa, estas deben realizarse cada seis meses, aunque admitió que a menudo no se lleva a cabo por diversos motivos, como la falta de irregularidades observadas en visitas previas o directrices de notificar con 24 horas de anticipación en caso de duda.
En Santa Cruz de Tenerife, se han abierto 15 expedientes por delitos cometidos fuera de los centros y una docena más de delitos registrados dentro, entre los que se encuentran amenazas y agresiones sexuales a educadoras, así como hurtos y posesión de sustancias. A pesar de esto, afirmó que la llegada de inmigrantes irregulares ha disminuido en 2025, ya que ahora se concentran más las salidas desde Argelia.
Aumentan los delitos sexuales con menores
La Fiscal Superior alertó también sobre el aumento de delitos sexuales a menores de 16 años, un fenómeno que, según la Fiscalía de Las Palmas, se podría atribuir a relaciones consentidas dentro de entornos familiares desestructurados, aunque estas últimas todavía se consideran un delito. También mencionó que los delitos de trata de seres humanos están relacionados con el desmantelamiento de redes que trafican con migrantes.
La memoria presentada menciona la lentitud en la prevención del acoso escolar (‘bullying’) y un aumento de menores abandonados debido a la crisis económica y habitacional actual. Además, María Farnés Martínez pidió la colaboración de las consejerías de Sanidad y Bienestar Social para encontrar soluciones para alrededor de 600 pacientes dados de alta médica que aún permanecen en hospitales.
Finalmente, la Fiscal consideró que el número de fiscales se mantiene estático, aunque agradeció el apoyo del personal adicional para enfrentar la crisis migratoria. También insistió en la necesidad de un nuevo palacio de justicia en Santa Cruz de Tenerife, puesto que las instalaciones actuales son obsoletas y dificultan el trabajo de la justicia.
