El Gobierno de Aragón ha expresado su preocupación ante la inminente supresión de hasta 151 paradas de autobús de las líneas estatales en la región. Esta situación surge tras la aprobación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, respaldado por los votos del PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts.
En caso de que la normativa prospere, se establecería un marco legal para implementar un nuevo mapa concesional estatal en un plazo no superior a un año desde su entrada en vigor. Esta modificación podría afectar negativamente a más de 25.000 aragoneses, quienes perderían la opción de utilizar el autobús en sus localidades, aunque los vehículos sigan transitando por esas vías sin detenerse.
El Ejecutivo autonómico ha criticado repetidamente las iniciativas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, calificado la situación como «un ataque a las políticas e iniciativas de lucha contra la despoblación». Según David Sánchez Fraile, director general de Transportes del Gobierno de Aragón, «la eficacia de estas políticas requiere de medidas que vayan en dirección opuesta a las de un Gobierno central que prioriza la reducción de tiempos en las conexiones entre grandes urbes, en detrimento del transporte social que atiende las necesidades del medio rural».
Si se lleva a cabo este nuevo mapa concesional, se estima que más de 26.500 habitantes de Huesca se verían perjudicados por la eliminación de paradas en 50 municipios. En Zaragoza, se calcula que 39 municipios verían cómo los autobuses pasan de largo, afectando a casi 2.500 usuarios. Por su parte, en Teruel, se prevé que se eliminen paradas en 62 municipios, con un impacto estimado de cerca de 10.000 personas usuarias.
Oposición a la supresión de paradas
Desde el Gobierno de Aragón se han manifestado en contra de la eliminación de estas 151 paradas, argumentando que “es de justicia que nuestro medio rural disponga del mejor transporte público posible y que todas las administraciones contribuyamos a ello”, según palabras de Sánchez Fraile.
El director general de Transportes también destacó la diferencia entre los planes del Gobierno central y el mapa concesional que se implementa en Aragón. «Lejos de desatender a los usuarios, multiplicamos los servicios, pasando de recoger viajeros en 900 núcleos a hacerlo en unos 1.500, aumentando frecuencias, renovando vehículos con flotas más accesibles y menos contaminantes y reduciendo tarifas”, argumentó.
De cara al futuro, y mientras continúa el despliegue de nuevas líneas del mapa autonómico, el Gobierno de Aragón permanecerá atento al desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible y su impacto en el transporte público de la región. «En función de cómo evolucionen los acontecimientos, desde el Gobierno de Aragón nos reservamos la posibilidad de ampliar las acciones informativas y de protesta en los municipios afectados por la supresión de los servicios estatales», concluyó Sánchez Fraile.
