PAMPLONA, 11 de febrero. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Navarra ha iniciado el proceso de participación para aprobar una nueva ley foral de Víctimas de Terrorismo que «suponga una mejora en la atención y reparación de este colectivo que, en lo relativo a las competencias autonómicas, está regulado por una norma foral que data de 2010».
La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral, Ana Ollo, ha informado este miércoles al Ejecutivo sobre las líneas básicas de este borrador de anteproyecto de ley foral que, «partiendo de un enfoque más actual e integral que la ley anterior, incluye beneficios y avances concretos tanto económicamente como asistencialmente para las víctimas de terrorismo».
Nueva ley y sus objetivos
Por un lado, la futura ley pretende «avanzar en el reconocimiento individual y social, impulsando programas educativos que deslegitimen la violencia con la sociedad en general, y con las nuevas generaciones en particular». Por otro lado, la nueva norma creará un órgano de participación con las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Esta ley de Víctimas del Terrorismo está incluida en el Acuerdo Programático de los tres grupos que sustentan el Gobierno y también en el plan normativo anual de 2026. Sus principios se inspiran en «el compromiso de impulsar una memoria integral, de deslegitimación de toda violencia política y de atención a todas las víctimas, sin equiparaciones ni diluciones, cada cual en su contexto victimológico con sus respectivas normas de referencia».
Por ejemplo, las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista tienen su propia normativa que emana de la ley foral 33/2013, de 26 de noviembre, mientras que las de violencia de motivación política causada por funcionarios o grupos de extrema derecha se regulan por la ley foral 16/2019, de 26 de marzo.
Nueva oportunidad para solicitar el complemento foral
Ollo ha reiterado que la nueva norma «pretende ser una ley integral (siempre dentro del contexto victimológico del terrorismo) y actualizada, que vaya más allá de una ley centrada en las ayudas como lo es la de 2010».
La futura norma incluye la apertura de un nuevo periodo temporal de 4 años para que las víctimas del terrorismo opten a las ayudas complementarias, en caso de que tengan derecho a ellas y no las solicitaron entre los años 2010 y 2012, marco que fijó la vigente norma foral.
También, por «coherencia» con la ley estatal (2011), se extiende hasta enero de 1960 el marco temporal de los hechos que pueden motivar esta solicitud, que anteriormente se contemplaba hasta finales de junio de ese mismo año.
La nueva ley prevé mecanismos para que puedan incorporarse nuevas víctimas originadas por nuevas acciones terroristas, así como nuevas solicitudes por reconocimientos oficiales de hechos sucedidos previamente que no habían logrado ese estatus.
Es la Administración General del Estado quien tiene las competencias para realizar el reconocimiento oficial de una víctima de terrorismo, concediendo la indemnización correspondiente. No obstante, las comunidades autónomas «pueden complementarla, algo que la norma foral fija según situaciones (fallecimientos, daños físicos y psicológicos, etc.) con otra cantidad que supone un 30% de la cuantía reconocida por la Administración General del Estado».
La norma también «amplía derechos y reparaciones» en atención sanitaria y psicológica, en el ámbito de la vivienda, la educación y el ámbito fiscal.
Reconocimiento social y trabajo educativo
La nueva ley apuesta por herramientas y cauces para la sensibilización (exposiciones, publicaciones, etc.), educación para la paz y la convivencia (con iniciativas como el programa Eskutik o las Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia), investigación, entre otros.
Asimismo, se plantea crear el Consejo de Participación de las Víctimas del Terrorismo como órgano consultivo y de asesoramiento sobre las políticas públicas que se lleven a cabo en esta materia, constituido por representantes de la Administración y por miembros de las asociaciones de víctimas más representativas en Navarra.
Se apuntan medidas de refuerzo del reconocimiento institucional y social, como fijar el 11 de marzo como Día de las Víctimas del Terrorismo y prever distinciones honoríficas, así como facilitar subvenciones y convenios con asociaciones de víctimas y otras entidades públicas o privadas.
Estos son algunos de los elementos incluidos a lo largo de los 38 artículos de la nueva norma, repartidos en ocho títulos y cuatro disposiciones adicionales. Algunos artículos «precisarán del correspondiente desarrollo reglamentario, como el compromiso para elevar el nivel de protección administrativa a placas que señalen en el espacio público lugares donde se produjeron atentados, garantizando el respeto a las mismas y, sobre todo, a la memoria de las víctimas».
Reuniones previstas con grupos políticos y asociaciones
«Se trata de una ley en positivo, que no solo busca reparar económica y socialmente a las personas y familias que sufrieron una violencia que nunca debió producirse, sino afrontar nuevos fenómenos terroristas que, por desgracia, siguen a la orden del día en el ámbito internacional. También para construir un futuro en paz y convivencia, trabajando con las nuevas generaciones de navarros y navarras», ha indicado Ollo.
Ollo ha reiterado el «inequívoco compromiso» del Gobierno de Navarra con la condena y el rechazo del terrorismo y cualquier legitimación de la violencia como instrumento político.
En este sentido, el anteproyecto introduce, desde su artículo 2, los principios rectores de «dignidad, memoria, verdad, justicia, protección de las víctimas, reparación y reconocimiento».
Asimismo, Ollo ha explicado que confía en que, «desde un diálogo abierto y constructivo, este texto sea enriquecido y compartido en el proceso de participación y escucha activa que procede para elaborar una ley como la presente, tanto desde el ámbito social como del institucional y parlamentario, también previstos».
El presente borrador de anteproyecto de ley ha sido trabajado hasta el momento de forma interna con los diferentes departamentos del Gobierno y trasladado a todos los grupos parlamentarios y a las asociaciones principales de víctimas del terrorismo con presencia en Navarra (ANVITE, COVITE y AVT), convocándose una primera reunión para intercambiar opiniones y escuchar aportaciones.
A partir de su publicación este miércoles en Gobierno Abierto, se abre un periodo de 15 días hábiles de participación pública para que la norma reciba aportaciones de la ciudadanía, proceso que se completará de forma paralela con dicho calendario de encuentros y contactos con las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo, así como otros posibles actores del ámbito social y político que también puedan realizar aportaciones o sugerencias por una vía u otra.
El Ejecutivo foral, previo paso preceptivo de la futura norma por el Consejo de Navarra y recibir su correspondiente informe, deberá activar más adelante la tramitación del texto como proyecto de Ley Foral. Seguidamente, la norma iniciaría la fase parlamentaria con debates y enmiendas que dec
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