MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) – El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto interrogar este miércoles, a las 12:00 horas, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de una investigación por presunta malversación relacionada con la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Esta última ha sido citada a declarar una hora antes, a las 11:00.
Se trata de la cuarta ocasión en que Begoña Gómez comparece ante el juez. En sus dos primeras comparecencias, se acogió a su derecho a no declarar. En la tercera, sólo respondió a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, exministro socialista.
Por motivos de seguridad, Gómez accedió a los juzgados en vehículos oficiales cada vez, evitando la entrada pública previa autorización de la juez decana de Madrid. Se espera que, esta vez, se siga el mismo protocolo.
Gómez y Álvarez declararán después de que el juez solicitara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizase los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez en su cuenta oficial como miembro de la Presidencia desde que se realizó el nombramiento de su asesora en julio de 2018.
El juez también ha pedido a la Presidencia que le proporcione el nombre completo de quienes han sido secretarios generales de la Presidencia desde el nombramiento de Álvarez, así como a quienes se les ha autorizado o aprobado los pagos desde esa fecha hasta el presente.
Defensa de Gómez contra la UCO
La defensa de Begoña Gómez ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la orden que permite a la UCO examinar siete años de correos electrónicos de su cliente. Argumentan que la decisión carece de motivación y no delimita ni precisa el material a investigar, lo que consideran una vulneración de derechos.
El abogado de Gómez ha señalado que esta providencia no considera el alcance de la investigación sobre una cuenta de correo electrónico que podría contener datos y documentos íntimos.
Asimismo, ha recurrido la imputación de Gómez por malversación, afirmando que acude a la Audiencia no para evitar la declaración de este miércoles, sino para dejar constancia de que «nada justifica esta nueva declaración».
Un año y cinco meses de investigación
Aunque el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ya había comenzado a investigar la presunta malversación relacionada con el nombramiento de Álvarez, hasta el 18 de agosto no se imputó dicho delito ni a Gómez ni a su asesora. En mayo pasado, se había decidido no investigar a ambas por malversación, considerándolas sin responsabilidad en el nombramiento.
Hasta que Peinado amplió el procedimiento en agosto, Begoña Gómez figuraba como investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y usurpación de funciones.
La investigación comenzó en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, que acusaba a Gómez de usar su posición para recomendar a empresarios, como Juan Carlos Barrabés, en licitaciones públicas.
Desde entonces, se han abierto nuevas líneas de investigación debido a querellas de Hazte Oír y Vox por presuntas irregularidades relacionadas con un software de una cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
La asesora niega la malversación
Al igual que la defensa de Gómez, la de Álvarez ha pedido recientemente a la Audiencia Provincial que corrija la imputación de malversación en su caso. En su recurso, sostiene que no se le puede atribuir ese delito por haber enviado correos como asesora de Gómez.
La defensa de Álvarez también ha alegado que «no existe malversación» cuando un funcionario realiza una llamada personal o hace un favor personal dentro de un órgano judicial. Aseguran que, de ser esto punible, se abrirían investigaciones masivas.
Su defensa ha subrayado además que la imputación contradice decisiones anteriores de la Audiencia Provincial, que ya había desestimado la posibilidad de que Álvarez cometiera malversación al igual que se había desestimado para Gómez en su día.
