El Partido Popular ha defendido en el Parlamento Europeo la necesidad de «proteger adecuadamente a los que nos protegen». Por ello, han instado a la Comisión Europea a solicitar un reconocimiento jurídico y laboral específico para los profesionales que ejercen funciones de alto riesgo en Europa, tales como policías, militares, funcionarios de prisiones, agentes de aduanas y de fronteras.
«Es una cuestión de justicia, de coherencia institucional y de responsabilidad política», afirmó la eurodiputada Maravillas Abadía, quien denunció el silencio del Gobierno de España, especialmente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien «ha decidido mirar hacia otro lado» ante las demandas de los sindicatos policiales.
«Miles de hombres y mujeres en toda Europa arriesgan cada día su integridad física y mental para proteger nuestra seguridad, nuestros derechos y nuestras fronteras», agregó Abadía.
La eurodiputada presentó en abril de 2025 una propuesta de Directiva en la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, que incluye medidas concretas como una definición común europea de «profesión de riesgo», con criterios armonizados para todas estas profesiones. También reclamó un marco que permita a los Estados miembros ajustar condiciones laborales cruciales, como una jubilación anticipada sin penalización, cobertura psicológica para el profesional y su entorno familiar, acceso garantizado a asistencia sanitaria, y protección jurídica reforzada frente a agresiones.
Sin embargo, Abadía advirtió que «la Unión Europea aún no los reconoce formalmente como profesionales de alto riesgo. Y eso tiene consecuencias para su salud, para su carrera, para sus familias y para su futuro».
Desde el PP europeo se ha presentado no solo una directiva para reconocer a estas profesiones como de alto riesgo en toda Europa, sino también para que los actos violentos contra los agentes sean considerados ‘eurodelitos’, lo que permitiría penas más severas y evitaría la impunidad.
«Nuestra intención es que todos ellos tengan la protección laboral, judicial y personal necesaria para ejercer su vocación con los más altos estándares de seguridad», argumentó la eurodiputada.
MISIÓN A BARBATE
Abadía destacó una misión organizada a Barbate desde el Parlamento Europeo, tras el asesinato de los guardias civiles David y Miguel Ángel en febrero de 2024. La demanda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de decenas de sindicatos españoles y europeos demostró la precaria situación de los profesionales que a diario deben enfrentarse al narcotráfico.
Esta petición fue también presentada por la diputada nacional por Murcia, Isabel Borrego, en marzo al Congreso para que se reconozca a policías nacionales y guardias civiles como profesiones de riesgo. De igual manera, el PP de la Región de Murcia hizo lo propio a través de una moción en la Asamblea Regional, exigiendo al Gobierno de España que reconozca a estos cuerpos como profesiones de riesgo, tal y como llevan solicitando desde hace tiempo los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil.
