PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) – El PP balear ha presentado enmiendas al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos. Estas enmiendas incluyen la ampliación del uso de declaraciones responsables y comunicaciones previas, aunque con un endurecimiento de las sanciones en caso de falsedad o incumplimiento.
Entre las modificaciones propuestas, que requieren el apoyo de otros grupos parlamentarios para ser aprobadas, se busca reducir las cargas burocráticas y facilitar la creación de servicios sociales. Según el PP, estas enmiendas implicarían un «cambio de modelo profundo» en la normativa, la cual fue convalidada en forma de decreto meses atrás.
Una de las justificaciones del partido es que con estas medidas, los ciudadanos y las empresas podrían iniciar actividades o ejercer derechos sin necesidad de esperar largas autorizaciones administrativas.
El modelo que proponen se basa en un principio de confianza, similar al régimen de la declaración de la renta; el ciudadano declara que cumple con los requisitos y la administración verifica posteriormente su cumplimiento. En caso de falsedad, el PP contempla un régimen sancionador reforzado y la posibilidad de sustituir la actividad del infractor.
Además, se busca que las declaraciones responsables no solo sirvan para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en distintos procedimientos administrativos.
Colaboración social administrativa
Otro aspecto importante de las enmiendas es la introducción de la «colaboración social administrativa». Esto permitiría a entidades como colegios profesionales, cámaras de comercio y otras organizaciones acreditadas, verificar documentación, emitir certificaciones y validar requisitos técnicos.
Así, cuando un ciudadano presenta documentación junto con una certificación de estas entidades, la administración podría considerarla válida desde el principio.
Atención a la Ciudadanía y Servicios Sociales
Las enmiendas también proponen reorganizar el sistema de atención al ciudadano. Se diferenciarían las oficinas de asistencia en registros, que actuarían como puntos de entrada general, de las oficinas de atención especializada, que se centrarían en áreas concretas.
Con este nuevo modelo, el PP asegura que se conseguiría una atención «más clara, cercana y eficaz», facilitando tanto la información como la tramitación de procedimientos. Además, se crearía un registro de funcionarios habilitados para asistir a los ciudadanos en la realización de trámites electrónicos, como la identificación, la firma digital y la presentación de solicitudes.
Otra parte de las enmiendas está dirigida a eliminar obstáculos administrativos en la creación de nuevos servicios sociales, simplificando el régimen de autorización y acreditación. Se propone reemplazar controles previos considerados «excesivamente burocráticos» por sistemas más ágiles, basados igualmente en declaraciones responsables.
El PP afirma que estas propuestas permitirían agilizar la apertura de residencias, centros de día y recursos habitacionales, respondiendo a la creciente demanda en áreas como la dependencia, discapacidad y atención a personas mayores. También se buscará implementar medidas que garanticen el control de los servicios sociales a través de inspectores, para que la reducción de la burocracia no implique una disminución de garantías en el servicio.
Por último, se sugiere que la Renta Social Garantizada (Resoga) se revalorice en función del IPC y se establezcan mecanismos para evitar interrupciones en la actividad de las entidades que atienden a personas vulnerables.
