El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, se expresó este miércoles, 17 de septiembre de 2025, sobre la posible obligación de las grandes empresas españolas de atender en lenguas distintas al castellano, como el catalán. Según González de Lara, esta medida no sería «una buena noticia» debido al «coste» económico que acarrearía para las empresas y que podría ir «en detrimento» de sus trabajadores.
En declaraciones a Canal Sur Radio, el también vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España (CEOE) abordó la reforma legal pactada entre Junts y el Gobierno, que obligaría a ofrecer atención al cliente en catalán a quienes hayan adquirido servicios en Cataluña, independientemente del lugar donde la empresa tenga su sede.
Implicaciones de la nueva medida
González de Lara explicó que la reforma afectaría a empresas con más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que ofrezcan servicios básicos de interés general. Aunque admitió que aún se desconoce el alcance total de la medida, enfatizó que «no es una buena noticia» y criticó el aumento de cargas para las empresas en un contexto donde se busca simplificar y agilizar según los estándares de la Unión Europea.
Costes económicos de las decisiones gubernamentales
El líder empresarial andaluz lamentó que «todo se hace a costa de las empresas en este país». Además, cuestionó la efectividad de las políticas actuales, afirmando que cada carga adicional que se impone a las empresas puede traducirse en un coste real que afecte tanto a la operativa como a la productividad laboral. Esto puede ser interpretado como una operación que resulta favorable para ciertos grupos, pero que al final «lo pagan las empresas», lo que a su vez repercute negativamente en los trabajadores.
González de Lara subrayó que, si bien algunas excepciones a este tipo de atención multilingüe pueden tener justificación, especialmente en empresas de servicios financieros con sede social en Cataluña, no comprenden el razonamiento en otros ámbitos. Resaltó la necesidad de cuantificar no solo el alcance de esta medida en términos de su implementación, sino también el costo económico que representará en la práctica.
Crítica a la reducción de jornada laboral
El presidente de la CEA también hizo hincapié en su rechazo a la propuesta del Gobierno para la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales, argumentando que esto es otra carga más que se impone a las empresas. «La pregunta que hay que hacerse es quién lo paga», añadió mientras criticaba que estas políticas son presentadas de forma favorable ante la opinión pública, sin tener en cuenta las repercusiones económicas en el sector productivo.
González de Lara concluyó destacando que los costes de estas iniciativas podrían superar los 32.000 millones de euros, subrayando que «todo ello lo pagan las empresas» y que esto «va en detrimento de la competitividad del país», enfatizando que las empresas son las que generan empleo.
