El Gobierno autonómico de Castilla y León ha manifestado su desacuerdo con la propuesta de modificación de la Ley estatal de Transparencia, que tiene como finalidad establecer un régimen sancionador para las infracciones en materia de temporalidad en el empleo público. Según el Ejecutivo regional, esta ley no debe ser el marco para supervisar los nombramientos y la contratación de personal en las Administraciones Públicas.
Fecha y contexto de la declaración
El 17 de septiembre de 2025, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, participó en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, encabezada por el ministro de Transformación Digital y Función Pública del Gobierno de España, Óscar López. En este encuentro, se abordaron algunos temas de relevancia que afectan la gestión del personal en las administraciones.
Modificaciones legislativas propuestas
Durante la reunión, el Gobierno estatal comunicó su intención unilateral de modificar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que se implementó en 2015 y ha sido actualizado por última vez en 2021. Asimismo, se contempló la revisión de la Ley de 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El objetivo principal de estas modificaciones es reducir el tiempo máximo de permanencia de los funcionarios interinos en el servicio público a dos años (en lugar de tres, como se establece actualmente), y establecer sanciones para las administraciones que violen esta normativa.
Rechazo del Gobierno autonómico
González Gago expresó el rechazo de la Junta a esta limitación, argumentando que no se toma en consideración la realidad operativa de sectores esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. El consejero recalcó que los esfuerzos destinados a estabilizar las plazas de estos empleados públicos deben ir acompañados de una garantía en la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en una comunidad autónoma tan extensa y dispersa como Castilla y León.
Además, la necesidad de aprobar una Oferta Pública de Empleo y llevar a cabo un proceso selectivo para incorporar funcionarios de carrera exige un tiempo superior a los dos años establecidos, lo que hace que la propuesta sea considerada ineficaz para asegurar una adecuada cobertura de los puestos públicos.
González Gago también advirtió que “establecer un plazo máximo de dos años de forma generalizada y sin excepciones podría generar disfunciones en la prestación de servicios básicos, complicar la gestión ordinaria de recursos humanos, y limitar la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones imprevistas o circunstanciales”.
Posición sobre la Ley de Transparencia
Por otra parte, la propuesta de modificación de la Ley de Transparencia para incluir un régimen sancionador específico relacionado con la temporalidad fue desaprobada por la Junta de Castilla y León. El Gobierno autonómico considera que esta normativa no es el instrumento más adecuado para regular o gestionar la contratación de personal en las Administraciones Públicas.
El consejero González Gago defendió que la temporalidad y la estabilidad en el empleo deben abordarse a través de normativas laborales y administrativas específicas, respetando las competencias de cada ámbito, evitando así la creación de duplicidades o conflictos normativos que pueden complicar la gestión pública sin ofrecer mayor seguridad jurídica ni eficacia en la lucha contra la temporalidad.
Propuestas aceptadas
A pesar de su oposición, la Junta sí ha mostrado disposición para aceptar la propuesta del ministro de implementar un aplicativo informático que facilite el control y seguimiento de la temporalidad en las Administraciones Públicas. Esta herramienta, según se reconoce, puede contribuir a una gestión más transparente y efectiva del empleo público.
Asimismo, el Gobierno autonómico se ha mostrado de acuerdo con otras propuestas presentadas durante la Conferencia Sectorial, que incluyen medidas dirigidas a fomentar la transformación digital de las Administraciones Públicas, facilitando trámites más ágiles y accesibles para los ciudadanos, así como la creación de un Grupo de Trabajo destinado a desarrollar una red de interconexión entre los servicios de atención al ciudadano, permitiendo así una mejor coordinación y rápida respuesta a las necesidades de la población.
