VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) – El Partido Socialista de Castilla y León ha puesto en marcha este jueves, 19 de marzo, una Mesa de Incendios para «dar voz» y «ser el altavoz» de las demandas del sector de la lucha contra los incendios forestales. Este movimiento será llevado con urgencia a las Cortes una vez se constituyan el próximo 14 de abril.
Carlos Martínez, secretario autonómico del PSOE, hizo el anuncio tras reunirse con representantes de los sindicatos de agentes ambientales de Castilla y León, cumpliendo así su compromiso adquirido en un acto de campaña en Sahagún de Campos (León). La Mesa de Incendios estará abierta a participar de otros colectivos, como los propietarios del suelo.
“Haremos lo que no hace la Junta”, aseveró Martínez, quien explicó que su partido ha trasladado un borrador como base de dos marcos legislativos de prevención y extinción de incendios. Su intención es incorporar las alegaciones de los municipios y otros sectores para generar un texto conjunto que se convierta en «una ley de toda Castilla y León», desmarcándose de una Junta que, según él, «sigue ahí» más allá de las elecciones del 15 de marzo.
Martínez enfatizó la «urgencia» de mejorar las condiciones del operativo de lucha contra los incendios forestales, proponiendo la mejora del Decreto de Guardias como «la piedra angular» de las reivindicaciones. Actualmente, este decreto es considerado «caduco», ya que data de 2004 y no se han conseguido acuerdos en más de un año de negociación, según lo señalado por Jorge Nieto de CCOO.
«¡Desde el año 2004! Me lo apunté porque no me lo podía creer», exclamó Carlos Martínez, ironizando sobre la intención de la Junta de enfrentar incendios de nueva generación con una organización considerada obsoleta.
Las reivindicaciones de los sindicatos también incluyen la cobertura de vacantes y el cumplimiento de los requerimientos de la Inspección de Trabajo. Señalaron que los trabajadores no pueden estar en el tajo más de 12 horas al día, mientras que «de manera habitual» realizan jornadas de 16, 18 y hasta 20 horas.
Martínez aclaró que actualmente los trabajadores no están pidiendo mejoras económicas, sino una mejor organización y formación que reduzca los riesgos en sus vidas. «Es gente que quiere el territorio, que se quiere quedar y necesita condiciones para desarrollar un proyecto en esas comarcas que se están desangrando en cuanto a población. Muchos son jóvenes preparados que tienen que irse porque solo los contratan seis meses», lamentó el socialista.
Por su parte, Sara Mateos de CSIF expresó su preocupación porque, a pocos meses del verano, la situación «no ha cambiado absolutamente nada», manteniendo una estructura «decadente de décadas pasadas» con condiciones precarias. Hay trabajadores que están empleados solo tres meses por salarios que oscilan entre 1.200 y 1.300 euros.
Mateos también advirtió que la realidad climática y territorial señala que lo que ocurrió en 2022 en la sierra de La Culebra, en Zamora, o el pasado verano en la provincia de León «se va a repetir», insistiendo en que es «lamentable» que el Ejecutivo autonómico «no haya hecho nada para mitigar esta nueva situación climática y territorial».
La sindicalista acusó a la Junta de intentar mantener a los trabajadores del operativo contra incendios en una situación de «silencio y docilidad», pese a que cada vez asumen más riesgos. «No lo vamos a consentir», advirtió Mateos, acusando a la Administración de llevar a los trabajadores a una «situación límite».
En la misma línea se expresó Sergio Fidalgo, bombero forestal y representante de ATIFCyL, quien lamentó que 2026 mantenga «la misma situación precaria de 2025». Entre otras cuestiones, Fidalgo destacó la falta de aplicación de la ley básica de Bombero Forestal, que implica que «ninguno tenemos esa categoría aún enfrentándonos a las llamas». También se quejó de la falta de coeficientes correctores, mencionando que hay trabajadores mayores de 66 años que están luchando contra incendios.
Fidalgo acusó a la Junta de «manipular estadísticas y el discurso» respecto a la mejora del operativo, apuntando que el operativo para todo el año solo afecta al 20 % de la plantilla, mientras que el 80 % de los trabajadores permanecen en contratos temporales con empresas privadas, quienes implementan políticas de reducción de costos que afectan la calidad del servicio.
Como ejemplo, mencionó que, durante el incendio del verano en Las Médulas, hubo personas desalojando Carucedo con un mes y medio de campaña y un curso oficial de solo 16 horas. «¿Realmente con 16 horas vamos a extinguir un incendio?», cuestionó, exigiendo la aplicación de la ley estatal de bomberos forestales, así como una ley autonómica de bomberos y otra para agentes medioambientales que garantice un servicio público de alta formación durante todo el año.
