El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Julián Sánchez Melgar, ha solicitado al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad del eurodiputado y líder de «Se Acabó La Fiesta» (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez. Esta petición está motivada por investigaciones sobre presuntos delitos electorales y de financiación ilegal relacionados con la recepción de 100.000 euros por parte de ‘Alvise’ del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, para las elecciones europeas de 2024.
En julio, el tribunal tomó declaración voluntaria a ‘Alvise’ en este caso. Durante su declaración, ‘Alvise’ afirmó que el dinero recibido no era para la campaña electoral de SALF, aunque Romillo sostuvo lo contrario, afirmando que la entrega de los fondos estaba destinada específicamente para tal propósito.
Cabe mencionar que el Supremo tiene abiertas cuatro causas contra ‘Alvise’, que incluyen: la difusión de una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; y acoso a dos eurodiputados que rompieron con SALF tras las elecciones.
Investigaciones a fondo
El magistrado Juan Ramón Berdugo, que investiga el caso de acoso a la fiscal, ya había solicitado un suplicatorio a la Eurocámara. Ahora, Sánchez Melgar repite esta solicitud, canalizándola a través del presidente de la Sala Penal del TS, Andrés Martínez Arrieta, y de la presidenta del alto tribunal, Isabel Perelló.
Explicación poco verosímil
Sánchez Melgar ha resaltado en su resolución que las pesquisas se centran en una reunión en la que ‘Alvise’ supuestamente pidió dinero a Romillo «para financiar su partido político», pero de manera oculta, sin que constara en documentación ni se reflejara en su contabilidad. El empresario habría accedido a entregar el dinero a cambio de «influencias y contactos» derivados de la actividad de ‘Alvise’ como eurodiputado.
En el relato del tribunal, se establece que «la entrega se realizó de forma personal», donde el mensajero de Romillo le entregó a ‘Alvise’ el dinero en una mochila, y ‘Alvise’ se lo llevó a casa sin ingresar dicha cantidad, que procedía en billetes de diferentes clases.
‘Alvise’ sostiene que el dinero era un pago por una charla que dio en el hipódromo de Madrid y que gastó la mitad en asuntos personales, aunque también admite haber utilizado parte del dinero para «gastos y necesidades del partido político». Según la valoración del magistrado, esta explicación es «poco verosímil», sobre todo cuando el análisis del contenido del teléfono móvil de Romillo «acredita, indiciariamente, todos los aludidos extremos», como la posible financiación irregular que afecta a la «limpieza y transparencia electoral».
Delitos y suspensión de pesquisas
El magistrado argumenta que se trata de posibles delitos electorales y de financiación ilegal, destacando que no puede continuar con las investigaciones sin antes obtener el suplicatorio de la Eurocámara. Hasta entonces, anuncia que suspenderá las pesquisas, salvo aquellas actuaciones urgentes que no comprometan los derechos del eurodiputado investigado.
Para obtener este permiso, el instructor aclara que «este procedimiento judicial no guarda relación alguna con las actividades desempeñadas por ‘Alvise’ en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias». Enfatiza que los hechos imputados y los delitos en cuestión se centran en acciones anteriores a su condición como eurodiputado.
