SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 de mayo. (EUROPA PRESS) – La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado apoyar expresamente la solicitud formulada por la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, que denuncia el «grave incumplimiento» que representa la falta de creación y funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, tal como se prevé legalmente.
La decisión de la Sala, aprobada el 8 de mayo, se toma tras conocer el acta de la reunión constitutiva de la Comisión Provincial, celebrada el 24 de abril en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, presidida por Mónica García de Yzaguirre, según se informa en una nota del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Durante esta reunión, se expusieron diversas «carencias» en los recursos judiciales y asistenciales destinados a atender a las víctimas de violencia sobre la mujer. La Comisión reclamó el despliegue y la efectiva puesta en funcionamiento de la Oficina de Atención a las Víctimas en Santa Cruz de Tenerife, destacando el incumplimiento de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima y del Convenio de Estambul, dado que no están operativas en Canarias las oficinas de asistencia a las víctimas, a pesar de contar con un marco legal para su dotación con profesionales de psicología, derecho, trabajo social y apoyo administrativo.
Adhesión a la Solicitud
Ante esta solicitud, la Sala de Gobierno acordó hacer suyo lo planteado por la Comisión Provincial e incluir nuevamente este asunto en el orden del día de la próxima reunión de la Comisión Mixta con el Gobierno de Canarias. En dicha reunión, la representación del órgano judicial reiterará la «necesidad» de proceder a la creación y puesta en marcha de estas oficinas en Tenerife y en todas las islas del Archipiélago.
Según el TSJC, la creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas no debe considerarse una medida «discrecional», sino el cumplimiento de un mandato legal. Estas oficinas están contempladas en el Estatuto de la Víctima del Delito como un servicio público de apoyo, orientación, asistencia y acompañamiento especializado a las víctimas, con el objetivo de garantizar una atención integral desde el primer contacto con la Administración de Justicia.
En el ámbito específico de la violencia de género, su relevancia es aún mayor, ya que se espera que estas oficinas cuenten con equipos multidisciplinares capaces de realizar la evaluación individualizada de las necesidades de protección y asistencia de las víctimas, como resaltó la Comisión Provincial en su acta.
El acuerdo aprobado por la Sala de Gobierno también remarca que la falta de infraestructuras judiciales adecuadas en la capital tinerfeña no puede justificar la ausencia de estas oficinas, ya que podrían situarse en otros locales. Además, el órgano de gobierno de los jueces en Canarias respalda otras demandas planteadas por la Comisión Provincial, tales como la necesidad de aumentar la dotación de medios personales en el Instituto de Medicina Legal y la formación específica del personal interino que se incorpore a las secciones de violencia sobre la mujer.
