SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) – El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha señalado que la Demarcación de Costas depende «directamente» del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). Aunque esta no está integrada en la estructura de la Delegación, Casares afirmó que, si le correspondiera a él la decisión de apartar a los tres funcionarios investigados por la tragedia de El Bocal, «tengo claro lo que haría para mantener el nombre de las instituciones públicas y para poder defenderme con la mayor garantía posible».
Estas declaraciones se produjeron tras la ampliación de la acción penal por parte de la jueza que investiga el colapso de la pasarela costera en El Bocal, donde en marzo fallecieron seis estudiantes y una joven resultó herida. La jueza imputó la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave a un total de tres funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria.
Al ser cuestionado sobre las garantías de que los funcionarios tomarían decisiones ajustadas al rigor técnico, Casares explicó que «para eso están todos los mecanismos de la Administración General del Estado» y que «en última instancia» está la Dirección General de la Costa y el Mar, supervisora de «todas las actuaciones en el territorio». Añadió que «hay un Estado, una administración y excelentes profesionales en toda la cadena, en España y en Cantabria, haciendo ese trabajo continuamente».
El delegado insistió en que, de tener la responsabilidad sobre Costas, «la máxima» que le movería sería «defender el trabajo de las administraciones públicas». Además, reiteró que el Gobierno de España (PSOE-Sumar) trabajará «en defensa del interés general, para que se sepa toda la verdad y se depuren todas las responsabilidades técnicas y políticas, con el único fin de que algo así no vuelva a producirse en Cantabria». También puntualizó que la Abogacía del Estado no está a cargo de los casos de los tres funcionarios mencionados.
En este contexto, el secretario general del PSOE de Cantabria subrayó que «lo más importante es que se depuren todas las responsabilidades técnicas y políticas de lo que ha pasado, con el único fin de que algo así no vuelva a producirse en Cantabria».
Responsabilidades en el Proyecto de la Pasarela
Casares aseguró que «no hubo ningún control inicial» de las obras ni del proyecto, y subrayó que «tienen responsabilidades técnicos, pero también políticos». En concreto, afirmó que «los que encargaron, diseñaron y recibieron aquel proyecto son administraciones políticas gobernadas por el Partido Popular». También hizo hincapié en que ha habido «una falta evidente de mantenimiento» de las infraestructuras en Santander y que, «en última instancia», la seguridad de estas «depende del Ayuntamiento (PP)», como reconocía la jueza.
De manera contrastante, recalcó que «si hubiera dependido del Partido Socialista, el proyecto de la senda costera nunca se hubiera hecho en Santander». Estas declaraciones se hicieron públicas tras la reunión mantenida con la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Cantabria.
