El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha opinado que es «absolutamente acertado» investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por la presunta venta sin autorización de acero a una empresa de armamento israelí. Maíllo sostiene que España debe ser firme ante lo que califica como un «Estado genocida» y que el embargo de compraventa de armas no puede ser violado.
En declaraciones realizadas el 26 de octubre de 2025, Maíllo destacó que España no puede desviarse del embargo y que «las coordenadas morales de un país se mueven también por decisiones» como la de abrir una investigación a Sidenor. Afirmó que España ha estado en el lado correcto de la historia en relación con Palestina y que tiene la responsabilidad de no permitir que el embargo sea violado, ya que esto podría generar un precedente negativo.
Respecto a CAF, una empresa guipuzcoana de trenes que tiene un contrato con Israel para construir el tranvía de Jerusalén, Maíllo subrayó que el Gobierno Vasco, que es accionista de la compañía, debe asegurarse de que se respete el espíritu de la sociedad que rechaza relaciones contractuales con Israel. Propuso que la participación del Gobierno en CAF debe estar condicionada al cumplimiento del acuerdo de boicot hacia Israel.
Alianza de Izquierdas en Euskadi
En relación al PSE-EE, lamentó que «tiene la gran contradicción de gobernar con la derecha vasca nacionalista» en Euskadi. Según Maíllo, el PSE debería emanciparse de esta alianza estratégica que sirve a ambos grupos y favorecer encuentros con organizaciones de la izquierda vasca. También expresó su deseo de ver un futuro Gobierno Vasco de izquierdas, similar al de Navarra, que podría liberar al PNV de una «fosilización» en el poder, aunque reconoció que las condiciones actuales no son las más adecuadas.
Debates Territoriales
Maíllo afirmó que IU no teme abordar debates territoriales y se mostró favorable a una organización federal que respete la voluntad soberana de las partes. Defendió la idea de que la descentralización, autonomía y soberanía deben ir acompañadas de una mejora y blindaje de los derechos sociales. En este sentido, mencionó que el partido apoya un referéndum sobre modelos sociales, aunque siempre manteniendo la unidad dentro del Estado español.
En cuanto a las competencias pendientes de traspaso a Euskadi, incluyó la del régimen económico de la Seguridad Social, indicando que el Estado debe cumplir con lo que está estipulado en el Estatuto. Subrayó que no se deben permitir gestiones diferenciadas en temas de protección social, y que todos los trabajadores deben tener derechos equitativos independientemente de su localización en el país.
Acto de la Falange
Por otro lado, Maíllo denunció la «estrategia de provocación» de la extrema derecha en todo el Estado, refiriéndose al acto de la Falange celebrado el pasado 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz, que acabó con incidentes entre contramanifestantes. Aseguró que en un país democrático, la Falange debería estar ilegalizada y que es crucial educar en valores democráticos desde la escuela.
Observó que la estrategia de intoxicación ideológica de la Falange busca penetrar en sectores no acostumbrados a estos discursos. Maíllo hizo un llamado a evitar una posición equidistante ante aquellos que provocan y están en contra de la democracia, y aquellos que luchan por ella, calificando a los contramanifestantes como defensores de una postura antifascista, aunque matizó que no aprueba el uso de la violencia.
Finalmente, lamentó las críticas del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), hacia el parlamentario de Sumar, Jon Hernández (IU), por dar cobertura a grupos que enfrentaron a la Falange, argumentando que el PNV, al perder la hegemonía en Euskadi, adopta posturas más conservadoras y erróneas que buscan establecer una equidistancia entre los grupos en conflicto.
