MADRID, 24 de octubre de 2025 (EUROPA PRESS) – El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha acordado investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por presuntos delitos de contrabando y complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio, debido a la venta sin autorización de partidas de acero a la empresa Israel Military Industries (IMSI).
La Audiencia Nacional ha detallado que también se investigan a otros dos directivos, quienes tendrían pleno conocimiento de que se trataba de un fabricante de armas. Se afirma que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.
La venta de acero se habría realizado sin la correspondiente autorización del Gobierno y sin su inscripción en el registro pertinente, según un oficio de la Comisaría General de Información, fechado el 10 de septiembre.
Los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público, avalados por informes diarios de los medios de comunicación, así como por calificaciones provisionales de delito del Tribunal Penal Internacional y denuncias de la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).
De acuerdo con el juez, también se imputan los hechos a la sociedad mercantil Clerbil SL, que es el administrador único de Sidenor Holdings Europa. Sin embargo, se ha determinado que no se debe considerar como persona jurídica investigada a Sidenor Aceros Especiales SLU en este momento, dado el papel activo de sus trabajadores en la denuncia pública y su contribución a evitar que continúe la actividad presuntamente delictiva.
El tribunal ha aplicado la Directiva (UE) 2019/1937 y la ley de transposición 2/2023, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y la lucha contra la corrupción. El juez ha mencionado que la protección se extiende a las personas jurídicas en su condición de informantes, ya que se cumplen las condiciones para proteger los intereses de los trabajadores.
Tras levantar el secreto del sumario, el juez ha citado a los tres investigados para que declaren el próximo 12 de noviembre. La causa inició a raíz de una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.
Los hechos que se investigan pueden ser constitutivos de un delito de contrabando, según la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, así como de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio, conforme a los artículos 29 y 607 bis del Código Penal.
