La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien ha decidido llevar la acusación de malversación de fondos públicos relacionada con sus funciones a un juicio con jurado popular, es decir, por ciudadanos en lugar de por un tribunal de jueces. Este recurso fue presentado el martes 30 de septiembre de 2025 y se dirige a la Audiencia Provincial de Madrid, con el objetivo de revocar lo que consideran una decisión sorprendente.
La defensa de Álvarez argumenta que la resolución de Peinado «desobedece» criterios previamente establecidos por la misma Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del mes de junio había negado de forma clara y contundente que Álvarez pudiera haber cometido el delito de malversación que se le atribuye en este caso.
En el escrito de apelación, se menciona que el auto del juez Peinado «mutila» y presenta de forma «descontextualizada» citas de resoluciones anteriores, haciendo énfasis en la premisa de que la Audiencia solo había considerado indicios de tráfico de influencias y no de malversación. Este cambio de criterio es visto por la defensa como una vulneración a la «seguridad jurídica».
Contexto sobre la acusación
El Juzgado de Instrucción había rechazado previamente, en mayo de 2025, una querella presentada por Vox contra Álvarez por malversación, argumentando que no se podía atribuir responsabilidad penal relacionada con las funciones desempeñadas. Para la defensa, la variación en el criterio del magistrado evidencia incoherencia, dado que se han calificado los mismos hechos de manera distinta en distintas resoluciones.
Defensa de los argumentos de Álvarez
La defensa recalca que la asesora no es competente para haber ejercido acciones que constituyan malversación, ya que se requiere una «relación funcional con el caudal público». Además, sostienen que no ha existido perjuicio alguno para las arcas públicas. El escrito también resalta que «no consta dato ni indicio» de que Álvarez haya descuidado sus funciones por atender tareas privadas de la esposa del presidente, Begoña Gómez. En consecuencia, la defensa solicita a la Audiencia Provincial que revoque la decisión tomada por Peinado y deje sin efecto la resolución recurrida en relación a Álvarez.
