MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) – La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo en los últimos cuatro años la inspección de 1.906 construcciones irregulares en suelo protegido, con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística. Esta labor ha permitido identificar 5.334,3 hectáreas afectadas por este tipo de asentamientos en 56 municipios.
Este dato se recoge en un informe de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que incluye el balance del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2021-2024. El informe señala que casi el 80% de estas hectáreas se concentran en las vegas de los principales ríos madrileños. El río Tajuña es el más afectado, con 2.712,5 hectáreas, seguido por el Jarama (1.019,5 hectáreas), Guadarrama (363,2 hectáreas) y Tajo (150,2 hectáreas).
Dada la situación de riesgo tanto para las personas como para el medio ambiente, el Gobierno regional ha decidido incluir la intervención en este tipo de edificaciones entre los objetivos del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística para 2025-2029, recientemente aprobado.
Este plan se estructura en distintas etapas anuales con actuaciones específicas, tales como estudios comparativos mediante fotografía aérea, diagnósticos sobre núcleos ilegales, tramitación de expedientes disciplinarios y sancionadores, así como acciones formativas dirigidas a profesionales y ciudadanos.
Con esta iniciativa, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la legalidad urbanística y el desarrollo sostenible, garantizando una actuación eficaz, coordinada y transparente frente a las infracciones que afectan al suelo.
Además, el Ejecutivo autonómico ofrecerá apoyo técnico y jurídico a órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, así como a los ayuntamientos, especialmente aquellos con menos de 5.000 habitantes. Estas acciones se llevarán a cabo mediante la elaboración de informes y la colaboración en la ejecución de sentencias penales.
RECUPERACIÓN EFECTIVA DEL TERRENO Y DEL ENTORNO NATURAL
El balance del periodo 2021-2024 indica que la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística realizó 455 visitas, tramitando 942 expedientes de diligencias previas, 143 disciplinarios urbanísticos, 45 de ejecución subsidiaria, 88 sancionadores, 67 órdenes de demolición y 258 requerimientos de información.
El objetivo final de todas estas acciones es que la superficie ocupada pueda destinarse a los usos previstos, como actividades agrícolas o ganaderas. De este modo, la recuperación efectiva del terreno y del entorno natural, más allá de la mera demolición de construcciones ilegales, se convierte en una de las metas esenciales.
Este principio se ha materializado en una intervención realizada en el municipio de El Molar, donde se procedió a la restauración del entorno natural afectado, demostrando el compromiso institucional con la protección del suelo no urbanizable y la conservación del paisaje, en cumplimiento de la normativa aplicable.
Otro caso relevante se ha dado en Chinchón, donde la Comunidad de Madrid mantiene una colaboración estrecha con el Ayuntamiento para facilitar la tramitación de expedientes derivados de edificaciones ilegales. En esta localidad, se ha procedido a la demolición y retirada de tres contenedores frigoríficos de camión con cubierta a dos aguas, que estaban destinados a uso residencial y ubicados en suelo no urbanizable de especial protección, careciendo del título habilitante correspondiente. Esta actuación se realizó en cumplimiento de la normativa vigente para restaurar la legalidad vulnerada.
