La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado recientemente en el Tribunal Supremo (TS) la existencia de un «juicio paralelo» en la última sesión del juicio en su contra. Esta situación ha generado preocupación sobre la posible influencia que ejercerán estas circunstancias sobre la independencia de los magistrados al momento de dictar sentencia.
El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, inició su informe final manifestando la defensa de García Ortiz ante las acusaciones de presunta revelación de información delicada relacionada con Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De ser hallado culpable, García Ortiz podría afrontar una condena de hasta 6 años de cárcel, 12 años de inhabilitación y el pago de más de 400.000 euros.
Ocio destacó las numerosas «dificultades» que han surgido durante las investigaciones, las cuales han estado enmarcadas por un contexto mediático excepcional que, según él, ha superado el debate jurídico y ha creado un entorno adverso ante el derecho a la presunción de inocencia del fiscal general del Estado.
«Se ha podido generar, sin ningún género de dudas, un auténtico juicio paralelo—basado en conjeturas, en filtraciones y lecturas parciales—que ha afectado negativamente a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado», aseguró Ocio.
A pesar de estas nociones, Ocio cerró su intervención confiando en que «esa contaminación externa» no afecte «a la serenidad, a la independencia y a la objetividad con la que los excelentísimos señores magistrados del Tribunal Supremo habrán de dictar sentencia».
El abogado también apeló a los principios de independencia judicial y de aplicación imparcial del derecho para que se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de su representado. En concreto, Ocio se refirió a los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, enfatizando que «una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario».
