El Servicio de Salud esgrimió un informe que advertía que parte del material suministrado por la empresa vinculada al presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, cumplía con el estándar sanitario chino, pero no con el español. Durante la pandemia, la firma Soluciones de Gestión se quejó al entonces asesor de Transportes Koldo García porque el Servicio Canario de Salud (SCS) les informó «dos meses después» de haber recibido un pedido de mascarillas que las consideraba no aptas. También manifestaron su descontento ante la Administración insular, enfatizando que podrían haber «derivado» el material sanitario a «otros clientes estatales» que lo reclamaban «con urgencia».
Contexto del caso Koldo
Esta situación consta en el último informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante la Audiencia Nacional. El informe analiza la compra de material sanitario realizada por Canarias a Soluciones de Gestión, el epicentro de la presunta trama, por un total de 12 millones de euros.
Entre la documentación revisada, se encuentra un correo enviado el 22 de julio de 2020 por Íñigo Rotaeche, de Soluciones de Gestión, a Koldo García. En este correo se remite la comunicación que recibieron esa misma tarde de Ana Pérez, Directora General de Recursos Económicos del SCS, sobre el estado de los dos contratos de suministros. En el mismo, Rotaeche enfatiza que, según el SCS, había varios modelos de mascarillas «no aptas» y criticó la falta de información sobre el modelo en cuestión, complicando así su identificación.
Quejas y justificaciones de la empresa
Rotaeche argumentó que consideraban «muy grave» que les informaran de que todo el segundo pedido había sido considerado NO APTO «dos meses después de la última entrega». Indicó que esto generaba «graves perjuicios» para su empresa, que es una PYME. Resaltó que cuando hay una incidencia, esta debe comunicarse con urgencia. De lo contrario, se entiende que el pedido está aceptado.
Al final del correo, el empresario indicó a Koldo que le enviaría la comunicación que también mandó a Antonio Olivera, exviceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y director del SCS. La UCO sostiene que Olivera garantizó la adquisición de mascarillas, mientras que los responsables de la compra en la Administración se encontraban aún dilucidando la viabilidad de la operación debido a dudas sobre el precio y la calidad del material.
El impacto de las decisiones administrativas
La documentación incluye una misiva que Soluciones de Gestión envió el 23 de julio de 2020 a Ana María Pérez, respondiendo a una consulta sobre dos pedidos: uno de 2.750.000 y otro de 2.000.000 de mascarillas facturadas en abril y mayo de 2020. La empresa criticó que para su queja la Administración proporcionara un informe genérico de Prevención de Riesgos sin mencionarlos, lo que dificultó la identificación del material.
La empresa argumentó que tuvo «muchas dudas» para identificar las mascarillas detalladas como «no aptas», ya que no se identificaba al fabricante ni se aportaban fotografías. Además, insistieron en que todas las mascarillas suministradas a Canarias cumplían con el estándar KN95 y que tampoco habían recibido quejas de otros clientes estatales gracias a su buen desempeño.
En este contexto, hicieron notar que la razón para considerar las mascarillas no aptas por ausencia de un certificado no era válida, alegando que dicho documento se había presentado oportunamente por correo. Una de las críticas adicionales expresadas fue que Soluciones de Gestión aún no había recibido el pago anticipado contractualmente requerido por uno de los pedidos de mascarillas.
Demandas de aclaración y suspensiones de pago
Por su parte, Ana María Pérez envió un correo a la empresa el 29 de octubre de 2020 insistiendo en aclarar la situación acerca de una de las cajas de mascarillas que se habían recibido, catalogadas como «non medical». A pesar de las suspicacias y revisiones exhaustivas por parte del SCS, los pagos fueron suspendidos hasta finalizar el informe del servicio de prevención.
En mayo de 2020, Pérez notificó a Soluciones de Gestión que los dos primeros envíos del pedido no cumplían con los requerimientos, refiriéndose a un total de 837.800 mascarillas de las 2,7 millones solicitadas por un importe de 4,7 millones de euros, subrayando que no adquirirían material no apto para el consumo sanitario.
La situación provocó un malestar generalizado y peticiones para acelerar la revisión de las técnicas y aceptar la oferta, lo que generó críticas por parte de funcionarios que se mostraron preocupados por salir del circuito de proveedores que cumplían con los requisitos establecidos en plena crisis.
