La Fiscalía andaluza incoa diligencias por los cribados de cáncer de mama y pregunta por las «medidas de reparación»
GRANADA, 23 de octubre de 2025 (EUROPA PRESS) – La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía, con sede en Granada, ha emitido un decreto este jueves para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama, que pudieran corresponder a un «defectuoso funcionamiento» o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama.
La Fiscalía ha remitido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía copia de las denuncias presentadas hasta ahora para que informe sobre los hechos y sobre las «medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas», así como sobre la prevención de hechos futuros similares, tal como ha detallado en una nota de prensa.
Las denuncias presentadas han sido impulsadas por la Asociación del Defensor del Paciente, junto con varios casos particulares de afectadas, por Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía.
El Defensor del Paciente solicitó a la Fiscalía que actuara contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por «dejación de funciones». Esta entidad sostiene que se ha producido una «clara dejación de funciones», lo que ha puesto, a su juicio, en «grave riesgo» a las mujeres que «pueden agravarse, extenderse o perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente de la Junta de Andalucía».
En su petición, argumenta que «cuando se pone un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos. El incumplimiento de estos programas solo cuesta sufrimiento y dinero a la sanidad pública». La Consejería ha reiterado su petición «a las mujeres que puedan estar en esta situación, independientemente del número, que se pongan en contacto con el SAS para entrar en ese circuito preferente una vez revisada su historia».
Izquierda Unida ha formalizado su denuncia por los «errores graves» en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema público de salud de Andalucía, considerando como «implicados» a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta, Rocío Hernández, que actualmente ostenta el cargo; Catalina García (ahora consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente) y Jesús Aguirre (actual presidente del Parlamento autonómico).
En la denuncia, fechada el 6 de octubre, se señala que los hechos apuntan «indiciariamente la comisión de múltiples delitos», como «homicidio imprudente en comisión por omisión», «lesiones imprudentes en comisión por omisión» y «omisión del deber de prestar servicios sanitarios».
Respecto al primero de los delitos, se indica que, debido a «un fallo sistémico en la gestión sanitaria», no se ha realizado el seguimiento adecuado en los casos catalogados como «no concluyentes» o «dudosos» en el programa de cribado de cáncer de mama.
La asociación de mujeres con cáncer de mama Amama y otras organizaciones han señalado que la falta de diagnóstico precoz ha provocado que el «cáncer de mama evolucione y, en algunos casos, lleve al fallecimiento de pacientes». «La detección temprana es fundamental, ya que un diagnóstico a tiempo mejora drásticamente las tasas de supervivencia, permitiendo un tratamiento más efectivo, y el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía», se expone en la denuncia.
Asimismo, se subraya que el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo, por lo que cualquier «omisión o retraso en la revisión de resultados no concluyentes constituye una falta de diligencia en la gestión pública».
«Si hubiera habido algún fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado dudoso sin el seguimiento correspondiente, estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente», detalla la denuncia.
En cuanto al posible delito de «lesiones imprudentes en comisión por omisión», se argumenta que esta omisión ha expuesto a las mujeres afectadas a un «riesgo grave para su salud», al retrasar la detección de posibles lesiones malignas que, de haberse diagnosticado a tiempo, podrían haberse tratado con procedimientos menos agresivos.
Por su parte, Adelante Andalucía reclama la investigación de estos hechos, los cuales enmarca en «una conducta indiciariamente constitutiva» de varios tipos delictivos, incluyendo lesiones por imprudencia grave y homicidios por imprudencia grave, así como la dejación de funciones del servicio público y la posible omisión del deber de prestar servicios sanitarios, conforme a varios artículos del Código Penal.
La denuncia de Adelante se dirige contra la actual consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández; su antecesora en el cargo, Catalina García; la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral, y la gerente del SAS, Valle García.
