MADRID, 15 de junio (EUROPA PRESS) – La Federación Madrileña de Municipios (FMM) ha hecho un llamado al Gobierno de España para que refuerce de manera «inmediata» las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil con al menos 1.500 nuevos agentes. Esto responde al «deterioro» de la seguridad en la región, según el último Balance de Criminalidad.
La presidenta de la FMM, Judith Piquet, ha subrayado que «los ayuntamientos están haciendo su parte» para reforzar la seguridad, aunque el Gobierno central los deja «solos frente al aumento de la criminalidad». Piquet ha solicitado de manera específica la incorporación de 1.500 nuevos efectivos, refuerzos en la lucha contra bandas y narcotráfico, y una mayor presencia de la Guardia Civil en municipios más pequeños.
El Ministerio del Interior divulgó recientemente datos que indican un aumento del 2,3% en la delincuencia durante el primer trimestre del año, con un incremento notable en homicidios, secuestros, riñas y tráfico de drogas. Piquet ha alertado que aumentan simultáneamente homicidios, tráfico de drogas, violencia grupal y delincuencia organizada, señalando a municipios como Alcorcón, Alcalá de Henares o San Sebastián de los Reyes como los más afectados. Además, ha criticado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por centrar sus esfuerzos en la propaganda.
60 millones anuales con partidas estatales
La FMM considera que esta propuesta es «perfectamente viable» desde un punto de vista presupuestario, afirmando que todas las medidas planteadas deben ser financiadas íntegramente con fondos estatales, sin costos para la Comunidad de Madrid ni los ayuntamientos. «La seguridad ciudadana, la gestión de los procesos de regularización, el control administrativo y la financiación derivada de decisiones migratorias del Gobierno de España son competencias y responsabilidades que debe asumir el Estado», reza el comunicado de la FMM.
Los cálculos de la FMM indican que la incorporación de estos 1.500 agentes tendría un coste de unos 60 millones de euros anuales, una cantidad considerada asumible e inferior al 1% del programa estatal de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Para financiar esta cifra, la FMM propone reordenar parcialmente el programa de Seguridad Ciudadana, reducir gastos políticos «accesorios», recortar en campañas de publicidad institucional y optimizar el gasto burocrático de la Administración.
Asimismo, se plantea que parte de los fondos recuperados en grandes operaciones contra el fraude fiscal y el crimen económico se destinen a seguridad. Piquet mencionó el presunto fraude del ‘caso Hidrocarburos’, que podría superar los 182 millones de euros, cantidad suficiente para financiar más de tres años de este refuerzo de seguridad. «Si el Estado ha sido capaz de movilizar cientos de millones para rescates empresariales o ha permitido perder cientos de millones en grandes fraudes, también puede encontrar recursos para proteger a siete millones de madrileños», concluyó Piquet.
Fondo para municipios con «presión migratoria»
Piquet también ha reclamado la creación de un fondo extraordinario con un presupuesto inicial de 15 millones de euros para los municipios madrileños que se vean afectados por «presión migratoria y procesos de regularización». La FMM prevé el refuerzo de Ayuntamientos necesitados en servicios sociales, convivencia, seguridad, limpieza, atención administrativa, mediación comunitaria y recursos educativos. Los fondos se repartirían en función de la población atendida, la presión sobre los servicios municipales, el nivel de escolarización, las necesidades de convivencia y los costes extraordinarios derivados de la atención social.
«La inmigración necesita control, planificación, integración y recursos. Lo que no puede hacer el Gobierno de España es tomar decisiones desde un despacho y trasladar después toda la presión económica y social a los ayuntamientos», exigió Piquet. La organización prevé financiar estas ayudas con partidas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como mediante fondos europeos gestionados por el Estado y la reordenación de subvenciones estatales vinculadas a programas migratorios.
Piquet insistió en que «los ayuntamientos no pueden pagar dos veces: primero soportando la presión sobre sus servicios públicos y después financiando con sus presupuestos decisiones que adopta el Gobierno de España». Por ello, ha reiterado que «la seguridad ciudadana no entiende de ideologías» y exige al delegado del Gobierno que «deje de actuar como ariete político contra Madrid y empiece a ejercer realmente sus responsabilidades en materia de seguridad». «No pedimos confrontación, pedimos recursos y soluciones. Los vecinos quieren tranquilidad, no excusas», concluyó.
