Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este viernes a la sede de una empresa en Sevilla, como parte de una investigación vinculada al ‘caso Koldo’ que se lleva a cabo bajo secreto en el Tribunal Supremo. Las fuentes de la investigación han confirmado que, además de la empresa en Sevilla, los agentes también se han personado en las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid, donde realizaron registros relacionados con diligencias secretas que afectan al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
El operativo no se limita a Acciona. Según las citadas fuentes, los agentes han solicitado documentación e información en otras dos empresas con sede en San Sebastián, en el País Vasco. Estos movimientos forman parte de una investigación más amplia sobre posibles irregularidades en adjudicaciones de obras públicas y el cobro de comisiones ilegales, en la que también están implicados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el asesor Koldo García.
Según un informe de la UCO, la operativa bajo investigación habría comenzado en la región de Navarra, que es área de influencia de Cerdán y Garcia, quienes mantienen una «estrecha relación» por su vinculación con la política local. Desde 2015, la UCO ha observado una «continuidad temporal» en las relaciones de Koldo García con Acciona. Este vínculo se menciona como punto de partida en la investigación, sobre una explotación minera de potasa que contrató a Acciona en una unión temporal de empresas (UTE) con otra empresa más pequeña, Servinabar.
El informe de la UCO que condujo a la renuncia de Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE, y que actualmente se encuentra en prisión provisional, señala posibles irregularidades en los procesos de adjudicación y el cobro de comisiones, indicando que la investigación del Supremo busca analizar varios UTE de Acciona con otras empresas de menor entidad.
Es relevante recordar que Santos Cerdán se encuentra en prisión provisional desde el 30 de junio como presunto líder de la trama de obra pública del ‘caso Koldo’. Sin embargo, el juez encargado del caso, Leopoldo Puente, ha señalado en autos anteriores que espera ordenar la liberación de Cerdán antes de que se agote el plazo legal de seis meses, que vence el 30 de diciembre, dado que van a asegurarse algunas evidencias necesarias para el desarrollo del juicio.
Por su parte, tanto Ábalos como Koldo García están a un paso de ser juzgados por una presunta trama de mascarillas, aunque permanecen en libertad bajo medidas cautelares, al igual que el exdirectivo de Acciona Fernando Merino y Antxon Alonso, dueño de Servinabar, quien está vinculado a Cerdán. Las medidas cautelares incluyen prohibiciones de salida del país, la entrega de pasaporte y la obligación de presentarse cada quince días ante las autoridades judiciales.
