Málaga, 23 de noviembre de 2025 (EUROPA PRESS) – Agentes del Área de Protección al Menor (Aprome) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), con sede en Málaga, han llevado a cabo una actuación en relación con un presunto delito contra las relaciones familiares, específicamente la alteración de la paternidad, y otro de falsedad documental.
La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha informado que la investigación se inició tras una Resolución de Desamparo Provisional emitida por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Málaga, respecto a una menor recién nacida ingresada en un hospital de la provincia. Tras la ejecución de dicha resolución, los agentes retiraron inmediatamente a la menor y la entregaron a una Familia Acogedora de Urgencia (FAU).
En la comparecencia de la madre biológica ante los agentes, se detectaron diversas irregularidades relacionadas con el parentesco entre ella y el supuesto progenitor, quien estaba inscrito como tal en el Registro Civil. Ante la gravedad de los hechos, se abrió una investigación que permitió identificar rápidamente a todas las personas implicadas. La principal línea de trabajo se centró en un presunto delito de presentación y registro de un recién nacido ajeno como propio en el Registro Civil.
Las indagaciones revelaron que la madre biológica había acordado un pago de 3.000 euros con una pareja en tratamiento de fertilidad. El hombre inscrito como padre no es el padre biológico, sino la persona que, en connivencia con la madre, acudió al Registro Civil para inscribirse como padre de la recién nacida.
La investigación mostró que, ante la imposibilidad de tener hijos, la pareja había contactado con la madre biológica y aceptado su propuesta de inscribir a la recién nacida como hija de ambos. Una vez recibida el alta hospitalaria, planeaban entregársela a cambio de los 3.000 euros acordados. Este hecho no se materializó gracias a la intervención policial, que permitió la retirada inmediata de la menor, garantizando su protección.
Actualmente, la niña se encuentra bajo la tutela de la Junta y reside en un hogar de acogida, donde recibe la atención y el amparo necesarios. La actuación culminó con la imputación tanto de la madre biológica como de la pareja interesada en adquirir a la menor. También se cometió un delito de falsedad en documento público al modificar «elementos esenciales» del acta de inscripción de nacimiento del bebé en el Registro Civil.
