ZARAGOZA, 23 de febrero (EUROPA PRESS) – Los sindicatos integrantes de la Plataforma de Reforma Juvenil y Protección de Menores en Aragón –UGT, CGT y CCOO– han convocado una huelga de 72 horas para los días 2, 3 y 4 de marzo, ante la falta de avances en la negociación de un convenio autonómico, las precarias condiciones laborales y la falta de medios. Esta medida se toma en un momento de aumento de la conflictividad y la violencia en estos centros, el último caso fue un motín en el centro del barrio zaragozano de Juslibol, que dejó más de una decena de policías y vigilantes heridos el pasado 5 de febrero. Los trabajadores se sienten «machacados», han alertado.
La convocatoria de huelga, anunciada en rueda de prensa por Héctor García (CGT), trabajador del Centro de Menores de Juslibol; la vicesecretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Angélica Mazo; y el responsable de Enseñanza Privada y del Sector de Menores de CCOO, Alberto Echeverría, llega en un momento en el que los trabajadores se sienten «abandonados institucionalmente», sin avances en la negociación del convenio colectivo autonómico y en un contexto de incremento de las agresiones.
En total, el sector cuenta con alrededor de 600 trabajadores en Aragón, repartidos en 64 centros de protección y reforma en toda la Comunidad Autónoma, con unas 500 plazas.
Las exigencias incluyen, además de retomar la negociación del convenio autonómico, refuerzos «inmediatos» en los turnos de trabajo para garantizar que no haya ningún trabajador a solas. García ha afirmado que varias de las empresas que gestionan estos centros están incumpliendo el convenio actual y, en algunos casos, incurren en «incumplimientos salariales», con centros que tienen hasta un 30% de la plantilla de baja.
Empresas y Administración, responsables
La representante de UGT ha afirmado que «lo que estamos viendo es una descomposición progresiva del sector de menores en Aragón», que era «muy bueno» hasta que se dejaron «sin fondos», por la «dejación de funciones» tanto por parte de las instituciones como de las empresas y entidades sociales que los gestionan.
«Las empresas son responsables, están dejando que no se cumplan los convenios, muchas no han aplicado los incrementos salariales», ha dejado claro Mazo, subrayando que estas entidades «siguen teniendo beneficios económicos». Además, extendió la responsabilidad al Gobierno de Aragón que, con un presupuesto de casi 500 millones de euros en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), «quizás podría destinar algo más al Sistema de Protección y Reforma de Menores».
Ha criticado especialmente la actitud de la Fundación Rey Ardid, principal entidad del sector en Aragón, que ha decidido salir de la patronal en medio de la negociación del convenio, lo que «rompe la negociación, el diálogo y cualquier posibilidad de que los trabajadores puedan mejorar las condiciones laborales». «Esto es una vergüenza. ¿De qué van?», ha lamentado Mazo.
Este sistema no solo atiende a niños que llegan de otros países, sino también a muchos menores que son de Aragón, que han sufrido problemas familiares en su infancia, los cuales «hay que atender igual para que puedan reinsertarse en una vida normalizada».
El sector necesita un presupuesto justo, condiciones laborales adecuadas para los trabajadores y retomar la negociación del convenio colectivo, para lo cual es fundamental dotar adecuadamente los pliegos, evitando situaciones como la que se produjo en el centro de Juslibol, donde el concurso ya ha quedado desierto en dos ocasiones.
Aumento del 30-40% en personal y salarios
Para ello, la dirigente sindical ha defendido un incremento de entre el 30 y el 40% en el personal, lo que implicaría la incorporación de 82 educadores más de atención directa. También es necesario un aumento en salarios, que han perdido en torno a la mitad de su poder adquisitivo desde la externalización del servicio en 2002.
Con más personal «se pueden evitar problemas como los recientes, que han sido muy publicitados», ha apuntado, en referencia a situaciones como el motín de Juslibol.
García ha resumido la situación diciendo: «Basta con el bloqueo de la negociación, basta con la precariedad laboral, basta con la indiferencia hacia las plantillas por parte de las empresas y las instituciones. Estamos hartos del bloqueo deliberado en la negociación del convenio autonómico. Los trabajadores están ya en el límite».
Desde CCOO, Echeverría ha mencionado varios ejemplos de la precaria gestión en estos centros, como que la forma de calentar el agua para las duchas de los menores es «bajar a la cocina, calentar ollas y llevarlas al piso de arriba donde están los baños». Otro ejemplo es una casa vivienda con ocho plazas de guarda y tutela, cuya norma de un pliego de 2020 limita la estancia de los menores a tres meses, y que lleva ocupada de forma continua desde entonces. «Las empresas lo están permitiendo, la Administración lo está permitiendo y quienes sufren son los trabajadores y los menores, que no tienen un servicio adecuado», ha declarado.
Echeverría también ha pedido «huir de la criminalización», aclarándose que «el problema no son los chicos o chicas que en un momento determinado causan un conflicto grave», sino que estos centros carecen de los recursos necesarios. Instó a la Administración a que resuelva los contratos cuando hay incumplimientos de los pliegos, tal como establece la Ley de Contratos del Sector Público.
Si se mantiene la huelga –las partes están convocadas este viernes, 27 de febrero, al Servicio Aragones de Mediación y Arbitraje (SAMA)–, muchos trabajadores no podrán secundarla, dado que los servicios mínimos establecidos para los educadores de atención directa son del 100%. «Este es nuestro derecho a huelga», ha lamentado el representante de CGT.
En el caso de que no haya acuerdo, se concentrarán el 2 de marzo frente a la sede de la Fundación Ozanam, el 3 de marzo lo harán frente al Palacio de la Aljafería coincidiendo con la constitución de las nuevas Cortes de Aragón, y el 4 de marzo convocarán en la puerta de la Fundación Rey Ardid.
Ejemplos a seguir: Navarra y Comunidad Valenciana
Queremos un convenio autonómico, que sea de Aragón, que recoja las necesidades de nuestra comunidad autónoma», ha reiterado la representante de UGT, quien recordó que la mayoría de autonomías tienen un convenio propio, lo que significa que las condiciones salariales y laborales son mejores, con mayor estabilidad, lo que revierte en una mejor atención a los menores.
Para la Plataforma, hay dos modelos de convenio a seguir: Navarra y la Comunidad Valenciana. El primero porque «marca unas mejoras bastante importantes» y promueve una mayor estabilidad, de hecho, muchos trabajadores se trasladan de Aragón a la Comunidad Foral, facilitando la previsión y gestión de situaciones de violencia.
En cuanto a la Comunidad Valenciana, además de una jornada laboral anual de 1.476 horas –frente a las 1.722 de Aragón–, es un «modelo muy interesante» porque es la Administración la que paga directamente las nóminas, y se trata de un convenio único que incluye más sectores del ámbito de los servicios sociales. Esta es una línea que también sigue Cataluña, aunque sin alcanzar las mejoras del convenio valenciano.
