BARCELONA, 21 dic. (EUROPA PRESS) – La decana del Ilustre Colegio d’Advocats de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha recordado que el proceso en el que se enjuició al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, va dirigido contra su persona y no contra una institución: «No podemos devaluar las instituciones y la credibilidad de las instituciones por un juicio en particular».
En una reciente entrevista, la decana enfatizó que, como abogacía, son los primeros defensores de que la justicia sea eficaz, de que el Estado de Derecho funcione y de que el derecho de defensa llegue a la ciudadanía, «y eso es democracia». Además, subrayó la responsabilidad de la Abogacía, los poderes públicos y los medios de comunicación para garantizar que un juicio en particular no politice todas las instituciones, advirtiendo que «caemos en el error» si esto ocurre.
Vallejo señaló que el ICAB, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), los órganos judiciales y la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática trabajan conjuntamente para que la justicia sea eficaz, independiente y se aplique correctamente. «Como abogacía, nuestra obligación es que el Estado de Derecho sea un Estado de Derecho efectivo. La independencia de la abogacía lo que genera es que la justicia también sea independiente», afirmó.
LEY DE EFICIENCIA
Sobre la tercera y última fase de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, la decana considera «bastante improbable» que en Barcelona pueda implementarse en su totalidad en la fecha prevista, el 1 de enero de 2026. Desde el ICAB abogan por una implementación progresiva, sugiriendo que se inicie en especialidades más probables en cuanto a recursos, como la jurisdicción mercantil, y que se conceda una prórroga para civil y penal.
Vallejo destacó que esto permitiría «ver si así llegan los 55 jueces reivindicados, si la bolsa de funcionarios interinos se estabiliza y todos estos problemas colaterales hacen que la Ley de Eficiencia no quede en un mapa, en un papel, sino que se aplique».
SANCIÓN DE LA CNMC
La decana también se pronunció sobre las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al ICAB por recomendar honorarios. En noviembre, la Audiencia Nacional desestimó el recurso del ICAB contra la resolución de la CNMC, que en 2018 impuso al ICAB una sanción de 620.000 euros, que fue abonada ese mismo año, por hacer recomendaciones de precios sobre los honorarios que cobran los abogados a sus clientes en los procesos judiciales.
Vallejo destacó que el marco normativo ha cambiado desde la sanción y que la Ley Orgánica del Derecho de Defensa establece que para que el derecho a la tutela judicial efectiva del ciudadano sea eficiente, este necesita conocer con «transparencia» cuánto le costará un proceso si su pretensión se ve desestimada. Afirmó que la CNMC no interpreta la ley como ellos a través de la Abogacía del Estado y pide que el Ministerio de Justicia «esto se arregle».
Mientras tanto, están «aplicando ‘stricto sensu’ los criterios del Tribunal Supremo, que son indeterminados, sin cuantificación, lo que dificulta saber cuánto le costará al consumidor». Hasta que esto se resuelva, Vallejo señala que la ciudadanía no sabe el coste de los procedimientos, lo que consideró grave: «Informar del coste que tendrá si pierde no es libre mercado, eso es una obligación legal».
MENORES
Respecto a la protección de los menores en situación de desamparo, Vallejo indicó que desde el ICAB mantienen conversaciones con el Ministerio y la Conselleria de Justicia para garantizar que cuenten con asistencia jurídica: «Lo que no puede ser es que la Administración Pública sea juez y parte».
Resaltó que este es un reclamo en el que la primera decana mujer del ICAB, Silvia Giménez-Salinas, ha trabajado durante 20 años; con el apoyo de la Sindicatura de Greuges de Catalunya y de la Abogacía Catalana están «caminando más rápido» para que los menores tengan asistencia jurídica y no solo los padres.
«Lo que estamos viendo en desamparos es que sales del colegio, se te lleva a la de DGAIA y hasta el cabo de 3 años no vuelves con tu familia. Es una situación puntual que necesita atención», lamentó Vallejo, quien afirmó que si el interés superior del menor es lo que prima, hay que proporcionarle asistencia jurídica, lo cual requiere de una reforma legal.
MULTIRREINCIDENCIA Y OCUPACIONES
Con respecto al plan de choque contra la multirreincidencia implementado en Barcelona, que incluye la creación de 4 nuevos juzgados de lo penal de refuerzo para reducir los tiempos de celebración de juicios rápidos, Vallejo opinó que esta medida «tiene que tener continuidad».
Sobre las ocupaciones delincuenciales, señaló que si los inmuebles se pudiesen recuperar en un plazo máximo de 72 horas en el juzgado de guardia con medidas cautelares de expulsión inmediata, se reducirían los casos: «Portugal acaba de aprobar una ley: 4 años de prisión. Francia, en julio de 2023: 3 años de prisión. Aquí: 3 meses, gratis, y a un año vista la celebración del juicio, mientras tanto estoy ocupando el bien inmueble».
