La consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que desde 2015 ha habido una «apuesta institucional firme e integral» por abordar la convivencia, añadiendo que este es un tema clave para la sociedad actual. Ollo realizó estas declaraciones durante una interpelación en el pleno parlamentario, donde subrayó la importancia del enfoque multidimensional de las políticas de convivencia del gobierno, que se complementan con otros planes y estrategias como la lucha contra el racismo y la xenofobia, la convivencia intercultural, el plan de Igualdad, el plan LGTBI+, el de Participación, el de Juventud y el plan de Inclusión.
Principios éticos y políticos de la convivencia
La consejera destacó que el Gobierno de Navarra ha desplegado una política pública intensiva, basada en principios éticos y políticos como la deslegitimación de la violencia, la defensa de la democracia y los derechos humanos, y el apoyo a todas las víctimas en sus respectivos contextos, ya sean del franquismo, del terrorismo (especialmente de ETA), o de la violencia política ejercida por funcionarios públicos y grupos de extrema derecha.
Ollo enfatizó que estas normativas y medidas son pioneras y referenciales, no solo a nivel estatal, sino también internacional. Anunció la inminente actualización de la Ley de víctimas de Terrorismo, buscando la máxima colaboración institucional y social.
El II Plan de Convivencia
El II Plan de Convivencia, según Ollo, aspira a ser altamente participativo y busca responder a los desafíos de una sociedad «diversa, compleja y plural» en el siglo XXI. Se considera necesario profundizar en la convivencia política y social, la diversidad cultural y lingüística, así como en la gestión de la diversidad religiosa e identitaria.
Mikel Asiain, parlamentario de Geroa Bai, ha apuntado que los planes de convivencia y derechos humanos son más importantes que nunca para lograr una sociedad democrática basada en los derechos humanos y en una cultura de paz.
Opiniones y críticas
Isabel Olave, de UPN, ha criticado que para superar el trauma de décadas pasadas de dolor y miedo, es crucial que quienes recibieron el legado político de ETA condenen sus acciones contra las víctimas y la sociedad navarra. Esta exigencia, según ella, sigue ausente y obedece a la necesidad de este Gobierno de incluir a Bildu.
Desde el PSN, Javier Lecumberri ha enfatizado que la convivencia es esencial para la democracia, y que todas las violencias sufridas deberían ser condenadas sin matices. Ha destacado que algunas formaciones políticas optan por generar crispación creyendo que esto les reportará beneficios a corto plazo.
Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha manifestado que se trabaja por una memoria inclusiva que reconozca a todas las víctimas y ha desafiado la idea de un relato único sobre los hechos del pasado, afirmando que cada víctima merece ser escuchada en su contexto.
Javier García, del PPN, ha señalado que el Gobierno de Navarra es responsable de permitir la legitimación de actos relacionados con el terrorismo de ETA, subrayando la necesidad de abordar estas cuestiones sin ambigüedades.
Por otro lado, Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha visto el borrador del II Plan como una herramienta vital para garantizar la convivencia en paz y en democracia, destacando la diversidad que caracteriza a Navarra.
Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha denunciado el trabajo del Gobierno en convivencia como un «engaño» y una «burda estafa» a los ciudadanos, subrayando que los partidos que apoyan al Gobierno han corrompido incluso conceptos tan nobles como la convivencia.
