MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) – La oposición en la Asamblea de Madrid —Más Madrid, PSOE y Vox— ha mostrado su rechazo a la nueva Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que será debatida este jueves en la Cámara de Vallecas. Los tres partidos han presentado enmiendas a la totalidad, mientras que el PP, el partido que sostiene al Gobierno, defiende que la ley no es «intervencionista» ni se salta ningún tipo de control.
Este cruce de declaraciones tuvo lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara. En septiembre, el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley de Hacienda, que busca «reforzar» la seguridad jurídica, simplificar la administración pública regional y ordenar de forma «más eficiente» la gestión económico-financiera y contable del sector público.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha declarado que su partido ha registrado enmiendas parciales y a la totalidad, considerando que esta ley es «una oportunidad perdida para acabar con las prácticas que favorecen la corrupción», como «la fragmentación de contratos». Según Bergerot, la norma consolida un «marco de austeridad presupuestaria» derivado de la ‘Ley Montoro’, que «ahoga los servicios públicos» y establece un control sobre las cuentas de las universidades públicas. Las enmiendas de Más Madrid se centran en la regulación de contratos menores, la mejora de la financiación universitaria y el análisis de los beneficios fiscales.
PSOE VE UN «155 ENCUBIERTO»
Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad, al considerar que esta nueva ley es «un 155 encubierto de la Comunidad de Madrid». Espinar sostiene que la norma disminuiría los controles parlamentarios, invadiría competencias y subordinara a la Cámara de Cuentas. «Esto es una más de la señora Ayuso, que desde luego el Partido Socialista va a tratar de frenar», ha afirmado.
Desde Vox, su portavoz, Isabel Pérez Moñino, ha criticado la ley, señalando que «no aporta mejoras reales a la vida de los madrileños» y que solo protege «los intereses políticos concretos de la Comunidad de Madrid». Ha añadido que hay «menos transparencia» y «más control por parte del Ejecutivo madrileño», algo que se ha evidenciado con las modificaciones legislativas aprobadas en esta legislatura por el Gobierno regional.
En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha negado que la ley sea «intervencionista» o que “se salte ningún tipo de control», argumentando que busca «reforzar la seguridad jurídica» y «modernizar el sector público». Ha defendido la necesidad de aprobar esta ley, la número 21 de esta legislatura, ya que sustituye una norma que tenía 35 años y hace falta adaptarse a numerosas modificaciones de normativas estatales y europeas.
